Dinero

No habrá dinero del Gobierno para bares, restaurantes, hoteles y comercios que no sean viables

Industria ha trasladado a los representantes del sector que los recursos limitados del Estado impiden sostener artificialmente a empresas ‘zombies’

Valladolid. 3/9/2020. Terrazas de la  Mayor de Valladolid medio vacía tras los rebrotes del COVID19.
Photogenic/Miguel Ámgel Santos/EuropaPress
photo_camera Valladolid. 3/9/2020. Terrazas de la Mayor de Valladolid medio vacía tras los rebrotes del COVID19. Photogenic/Miguel Ámgel Santos/EuropaPress

Los efectos del Covid han herido de gravedad a muchas compañías del sector de la hostelería que continúan operando pese a una solvencia y una rentabilidad precarias y que podrían verse arrastradas a la quiebra en los próximos meses. El Gobierno se resiste ahora a inyectar dinero público en negocios que ya están “sentenciados de muerte”.

Considera que son empresas ‘zombies’, que afrontan la nueva coyuntura con escasa viabilidad, y por ello se decanta ahora por dejarles fuera del plan de ayudas a la hostelería, que acumula casi un mes de retraso, para focalizar los recursos públicos en actividades con mejores perspectivas de futuro a medio y largo plazo.

Ese es el planteamiento que los ministerios de Industria y Asuntos Económicos han trasladado a los representantes del sector, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las negociaciones, ante unos recursos fiscales limitados y en un escenario de elevada incertidumbre.

Aseguran que la postura que han transmitido en privado los departamentos de la vicepresidenta Nadia Calviño y de la ministra Reyes Maroto pasa por evitar sostener artificialmente en exceso a empresas que no presenten la viabilidad suficiente para afrontar el cambio de coyuntura tras la pandemia.

Se trata de evitar conceder subvenciones a fondo perdido a empresas que no puedan reabrir porque supondría un problema para el Gobierno con Bruselas, ya que condiciona esas ayudas a que los negocios sigan funcionando.

De no ser así, las compañías que no reanuden la actividad tendrían que devolver esas ayudas lo que generaría un problema de índole social para muchas personas que, además de perder su negocio, habrían contraído una deuda que serán incapaces de devolver.

La propuesta no convence a los hosteleros

Esta tesis de “dejar morir a las empresas”, redirigiendo las ayudas a las empresas que tengan viabilidad, no convence a los hosteleros que han tenido acceso a los debates que se mantienen desde hace semanas en el seno del Gobierno.

Consideran que es un enfoque “erróneo” porque el Estado “no debe dejar de inyectar dinero en las empresas que estén a punto de hundirse” y que precisamente es “en las actividades que están en peligro donde deben volcarse los recursos”.

Las fuentes del sector anticipan a ECD que, de materializarse formalmente esta propuesta, se planteará una dura batalla al Gobierno.

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La pandemia de coronavirus suma
cerca de 630.000 casos a
nivel mundial.

Cierre de 85.000 establecimientos de hostelería

Los cierres en la primera ola y las fuertes restricciones en algunas comunidades en esta segunda ola están complicando aún más la supervivencia de muchas empresas. El 33% son negocios familiares, sin asalariados y que viven de ello, y más del 60% son microempresas con uno o dos empleados. Esto las hace más vulnerables.

El impacto de esta crisis se concentra sobre todo en Baleares, Canarias y Cataluña, las tres regiones más dependientes del turismo internacional. Las caídas en la facturación rondan el 70% de media en los tres territorios.

La pandemia ha obligado a echar el cierre a 85.000 establecimientos de hostelería en lo que va de año. Por si fuera poco, según los datos presentados esta semana por Hostelería de España -que aglutina a más de 300.000 locales en todo el país-, de aquí a febrero la cifra podría llegar a un tercio del total de locales que hay en España (unos 100.000) si no se aprueban medidas para apoyar al sector.

La facturación ha caído en 67.000 millones de euros (el 50% del total) y hay 680.000 empleos directos en peligro. Entre directos e indirectos, suman 1,1 millones.

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