El impuesto catalán a los refrescos azucarados está blindado: Soraya ha dado su palabra
La vicepresidenta ha pactado con Oriol Junqueras que si el Estado impone a nivel nacional esta tasa, Cataluña podrá seguir recaudando 40 millones de euros al año
El Gobierno central había planteado inicialmente incluir el impuesto a los refrescos azucarados en los Presupuestos Generales del Estado pero finalmente lo aparcó. Ahora, Hacienda ha vuelto a advertir que lo implantará a nivel nacional si se desvía el déficit. Soraya Sáenz de Santamaría se ha encargado de calmar a las autoridades catalanas.
Según ha sabido El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, la vicepresidenta y Oriol Junqueras han trabajado conjuntamente en la puesta en marcha del impuesto catalán para que una eventual activación a nivel nacional sea diferente a la que ha comenzado a aplicar la Generalitat.
El mecanismo diseñado por Cataluña para cobrar el impuesto implica que los distribuidores (bares, tiendas o supermercados) incorporen en la factura al vendedor el concepto de IBEE, las siglas del gravamen.
Por contra, el Gobierno de Rajoy apuesta por que en lugar de que la tasa sea liquidada por los distribuidores, sean los productores quienes lo abonen. Una opción que ya fue descartada por el Govern al entender que existía el peligro de deslocalización de empresas, es decir, de que los productores cambiaran su sede social y dejaran de tributar y producir en Cataluña.
Ingresos de 70 millones en año y medio
Antes de esta negociación entre ambos vicepresidentes, en el equipo económico de la Generalitat había sentado “como un tiro” el plan de Hacienda de aprobar un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas.
El enfado de Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras era mayúsculo. La puesta en marcha de ese impuesto a nivel estatal provocaría que Cataluña dejase de gestionar una tasa que ya habría aprobado la Generalitat y que ha comenzado a cobrarse desde el pasado 1 de mayo.
Desde el gobierno autonómico calculaban que, según sus previsiones, la “adquisición” por parte del Estado del impuesto a las bebidas azucaradas impediría que Cataluña ingresase 31 millones de euros este ejercicio.
Una merma de ingresos que hubiera sido aún mayor en 2018, cuando la Generalitat estimaba recibir, de lo cobrado por este impuesto, 41 millones. Un dinero, añaden, que nunca habría llegado si el Estado asumiese la tasa y el dinero recaudado se quedase en Madrid.
