Inspecciones sorpresa de Hacienda a las empresas al borde de la quiebra que reciban subvenciones
Verificará que los fondos se destinan a pagar alquileres, luz, agua y gas y obligará a tributar por las ayudas en el IRPF y en el impuesto de Sociedades
Tras semanas de graves discrepancias en el Gobierno por la envergadura y el diseño del plan para apoyar a las empresas, finalmente concederá ayudas directas a compañías y autónomos de entre 3.000 y 200.000 euros. Pero el dinero deberá tener un destino concreto y dedicarse a pagar facturas y deudas de suministros, proveedores y nóminas.
Las compensaciones se brindarán por una caída de la facturación de al menos el 30% respecto 2019 en los sectores más afectados por las restricciones por el coronavirus. El paquete destinado a ayudas directas es de 7.000 millones de euros que serán transferidos a las comunidades autónomas para que se encarguen del reparto.
Las ayudas llegarán a finales de abril
El plazo previsto por el Gobierno es que el instrumento legal que regule la transferencia esté listo en un plazo máximo de 40 días, y a partir de ahí sería cada autonomía la que articularía la entrega del dinero. Este cálculo permitiría que a finales de abril las subvenciones pudieran comenzar a llegar a los beneficiados.
Los autónomos que tributan en módulos recibirán una cantidad fija de 3.000 euros. Para el resto podrá oscilar entre los 4.000 y los 200.000 euros según su tamaño y caída de ingresos.
La Agencia Tributaria certificará a las autonomías que existe la caída de ingresos. Es decir, el que no haya declarado se quedará fuera de las ayudas.
Inspecciones sorpresa de Hacienda
Además, según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes conocedoras del plan, el Gobierno también tiene listo el sistema para que Hacienda controle que las ayudas a las empresas se destinan a los objetivos previstos: reducir deudas y pagar gastos fijos, como alquileres o suministros que no se cubren por las caídas de ingresos.
Su diseño ha traído de cabeza a la Administración. El Ejecutivo quiere ayudas selectivas, condicionadas y muy focalizadas, con objetivos bien definidos. Y se ha topado con el inconveniente de cómo controlar que realmente se emplean en las metas fijadas: Economía pretende que los fondos se destinen a pagar costes fijos.
Y que el resto se dedique a reducir el endeudamiento, básicamente los pagos pendientes a proveedores. Tener listo un sistema para comprobarlo ha resultado un problema de gran dificultad técnica.
Precisamente, la creación de una estructura de control en la Agencia Tributaria es lo que provocó que Hacienda y Economía retrasasen varios días la aprobación del conjunto de medidas para aliviar a las empresas.
Habrá que tributar por las ayudas
Habitualmente, las subvenciones públicas que reciben las empresas, los profesionales o incluso los particulares tienen la consideración de ingreso por actividad económica o ganancia patrimonial en el Impuesto sobre la Renta y de ingreso extraordinario en el Impuesto de Sociedades, y en ambos casos tributan al marginal que corresponda, que puede llegar a ser hasta del 56% en el IRPF y que oscila entre el 25% y el 20% en el Impuesto de Sociedades en función del tamaño de la empresa.
Desde ámbitos empresariales y profesionales se había instado al Gobierno a declarar la exención de las ayudas directas de su plan de apoyo a la solvencia empresarial para no introducir ningún elemento que pudiera restringir su operatividad o su capacidad para estabilizar la situación de los contribuyentes beneficiados, pero Hacienda ha optado por preservar el régimen fiscal ordinario vigente para este tipo de ayudas.
Clausula de mantenimiento de actividad
Las subvenciones se extenderán hasta finales de este año. Y tendrán como condición que las empresas mantengan su actividad hasta junio de 2022. Esta última cláusula busca que las subvenciones no se utilicen para cerrar los negocios, como ha ocurrido en otros países.
Pero también se exigirá a los beneficiarios que no haya subidas de sueldos de directivos, que no se distribuyan dividendos, que no tengan actividad en paraísos fiscales y que estén al corriente de sus pagos a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
El Gobierno ha ampliado además la moratoria concursal hasta el 31 de diciembre. Ésta suspende la obligación de solicitar el concurso de acreedores para aquellas empresas que entren en insolvencia. Y está ya preparando una reforma para facilitar la exoneración de deudas y lograr que más empresas salgan del concurso.
También ha aumentado a cuatro meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora.
