Detenido en su domicilio de Madrid

Las irregularidades que cercan a Rodrigo Rato coinciden con los tres años que presidió el FMI

En 2012, comunicó a Cristóbal Montoro la existencia de dinero oculto en Suiza y el ministro de Hacienda le garantizó “absoluta confidencialidad” si lo regularizaba con la amnistía fiscal

Rodrigo Rato.
Rodrigo Rato.

Las remuneraciones de Rodrigo Rato como director gerente del Fondo Monetario Internacional se han puesto bajo sospecha. Es el periodo en los que los investigadores han centrado sus pesquisas. El motivo es que es el único en el que no ha prescrito un posible delito de blanqueo de capitales y tampoco fue posible regularizar ese dinero con la amnistía fiscal a la que se acogió en 2012.

Rato decidió acogerse a la amnistia fiscal en 2012 para regularizar su patrimonio, coincidiendo con el fallecimiento de uno de sus hermanos, Ramón Rato.

Personas que compartían actividad profesional con el ex ministro en aquel momento explican a El Confidencial Digital que Rodrigo Rato “se encontró con un importante desorden financiero”, tras la muerte de su hermano, quien se había encargado hasta ese momento de gestionar la mayor parte de la fortuna cosechada en el pasado por la familia.

Los tres años al frente del FMI, bajo sospecha

Aquella situación, relatan, supuso un “duro mazazo” para Rato, quien todavía era presidente de Bankia. Decidió que había que actuar con la máxima diligencia. “No se esperaba que pudiera encontrarse ese marrón, deudas... cuando tuvo que asumir la gestión del patrimonio familiar por la repentina muerte de Ramón”, aseguran fuentes de su máxima confianza.

El “desorden financiero”, como el propio Rato lo calificó, solo lo conocían sus más íntimos en aquel momento. Sus asesores le reafirmaron en su tesis: era totalmente necesario desvincular de inmediato ese dinero que acababa de recibir del relacionado con sus actividades profesionales durante su etapa como director gerente del FMI o, incluso, de sus tiempos como asesor de Lazard.

La amnistía fiscal, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, permitía declarar rentas y bienes ocultos en el extranjero de los años 2008, 2009 y 2010. Esta circunstancia le inquietaba enormemente: podía llevar a Hacienda a obligarle a acreditar si el dinero en cuentas en el extranjero provenía de actividades económicas correspondientes a ejercicios anteriores.

Además, como el delito por blanqueo de capitales prescribe a los 10 años, otro de sus temores era que se pudiera entender que los rendimientos no eran tampoco anteriores al año 2004, puesto que además era aún entonces vicepresidente económico del Gobierno de Aznar y estaba sometido a estrictos controles como representante público.

Así, todo se circunscribe al periodo que transcurre entre 2004 y 2007, que son justamente los tres años que coinciden con su paso por el FMI.

Trasladó su inquietud al propio ministro Montoro

Las fuentes a las que tenido acceso ECD aseguran que el ex vicepresidente comenzó a movilizarse para explorar cómo podía regularizar esa situación. Y lo hizo al más alto nivel. Expuso el problema incluso al máximo responsable de la Agencia Tributaria, es decir, al propio ministro Cristóbal Montoro.

El titular de Hacienda escuchó a Rato a comienzos de 2012 y le anticipó que el Gobierno planeaba una gran amnistía fiscal para aflorar ese ejercicio hasta 25.000 millones de euros defraudados a Hacienda. El Ejecutivo perdonaría los impuestos y las multas, y recaudaría solo el 10% de ese capital blanqueado (2.500 millones).

 

Le garantizó la máxima confidencialidad

En ese momento, matizan, todavía faltaban algunos meses para la crisis de Bankia que se produjo en junio de 2012 y la relación entre ambos era “muy cordial”. Se quebró, como es conocido, después de la nacionalización de la entidad y la posterior salida de Rato de la presidencia.

Montoro le aseguró, además, que podría regularizar ese dinero negro hasta el 30 de noviembre de ese año y el Ejecutivo garantizaría la confidencialidad de todos los que decidieran llevar a cabo la regularización. Así lo exige la Ley General Tributaria en el artículo 95.

Un deber que ha saltado por los aires esta semana con la filtración de la investigación iniciada por el Sepblac a quienes se acogieron a la amnistía fiscal. El nombre de Rodrigo Rato ha sido solo el primero porque las identidades de otros 700 cargos públicos podrían ver también la luz en las próximas semanas. Cunde el pánico ya entre ellos, la mayoría cargos políticos.

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