Jarro de agua fría para los funcionarios: se quedan (por ahora) sin tres días a la semana de teletrabajo

La Administración General del Estado ha apostado por el trabajo presencial, incluso durante la pandemia. Pero los empleados públicos reclaman ahora que se pueda aplicar el teletrabajo más de un día a la semana, como se les prometió hace meses. Sin embargo, el Gobierno ha concluido que el ahorro energético no compensa la inversión en material.

Fuentes sindicales de la Administración del Estado consultadas por Confidencial Digital aseguran que el Ministerio de Función Pública no ha confirmado a los sindicatos cuándo se aprobará el decreto que regulará el teletrabajo de los funcionarios.

Denuncian que el Gobierno lleva postergando la aprobación de la normativa desde finales del año pasado, y lo que está provocando una desigual implantación de la modalidad del trabajo a distancia entre los empleados públicos.

Hacienda lleva con retraso el decreto

El Gobierno admite que se ha retrasado con la elaboración del nuevo decreto, y la actual normativa sólo permite teletrabajar el 20% de la jornada, un día a la semana.

El Ministerio de Función Pública se limita a apuntar que se está trabajando en la medida y que se aprobará lo antes posible, aunque prefiere no ofrecer públicamente las fechas.

Menos teletrabajo que en la empresa privada

Según critican empleados de ministerios y entes públicos, este escenario contrasta con la situación de la empresa privada, donde hay más posibilidad de desarrollar el teletrabajo.

En el caso de la Administración del Estado, debido a la escasa posibilidad para trabajar desde casa, fuentes sindicales recuerdan a ECD que se han registrado protestas en ministerios y empresas públicas durante la pandemia porque las bajas por cuarentena en las plantillas les obligaron a asumir más carga de trabajo.

De una jornada en casa, a tres a la semana

Hay que recordar que el decreto pactado por Función Pública con los representantes de las plantillas debería permitir (en la mayoría de los casos) combinar el presencialismo con hasta tres días de trabajo fuera de la oficina. Ahora, los sindicatos denuncian, la normativa actual solo contempla uno.

El teletrabajo -que afectará de manera potencial a más de 230.000 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y agencias estatales- tendrá carácter voluntario y reversible, y estará supeditado a que se garantice la prestación presencial de los servicios a la ciudadanía.

También se podrá autorizar en situaciones excepcionales de fuerza mayor que supongan una restricción de la movilidad, como ocurrió el pasado invierno con la borrasca Filomena, y durante el confinamiento.

No compensa el ahorro energético

Ahora, el Gobierno tiene pendiente la aprobación de un plan de ahorro energético en el marco de la Administración del Estado. Avanzó hace un mes a los sindicatos algunas de las medidas que se contemplan, como la posibilidad de acogerse al teletrabajo tres días a la semana pactada hace un año, pero es algo que no se ha llegado a aplicar.

El plan de ahorro energético era visto por Hacienda como una oportunidad para que la norma viera finalmente la luz. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo reconocen a ECD que, tras haberlo estudiado a fondo, el ahorro en los edificios no compensa la inversión en material que debería realizar la Administración para normalizar el trabajo desde casa.

Sin coste añadido

Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos es que el teletrabajo no sólo no debe suponer ninguna merma de derechos para los empleados que se acojan a esta modalidad, sino que además no debe suponerles ningún coste añadido. 

Ante las dificultades de medir costes como la luz, conexión a internet o calefacción, desde la parte laboral se reclama algún tipo de compensación a cambio. Pero desde el Ejecutivo sólo existe el compromiso de facilitar un ordenador portátil de acuerdo a la disponibilidad, así como los programas informáticos necesarios para las tareas a desarrollar.

Una medida para el año electoral

Las fuentes sindicales consultadas por Confidencial Digital tienen en cuenta además que la aplicación del teletrabajo no es automática. Advierten de que es necesario un proceso de meses para que esté completamente activo en los diferentes ámbitos de la Administración. 

Por ello, los empleados públicos dan por hecho que el frenazo de Hacienda responde a una estrategia para reservarse una baza de cara a la dura negociación salarial que se avecina hasta el próximo mes de diciembre. Un momento que será más propicio, consideran, para descongelar el decreto de teletrabajo, a comienzos de 2023, en el arranque de un año electoral.

Los funcionarios se oponen a que los incrementos salariales en el sector privado orienten los del sector público, como ha planteado esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que enmarcó las futuras negociaciones para discutir la subida de sueldos en la Administración en el pacto de rentas que ha propuesto a patronal y sindicatos

Los más de 2,7 millones de empleados públicos reclaman recuperar el 12% de poder adquisitivo perdido desde 2010.

El Gobierno está abierto a negociar

En el Ministerio de Función Pública matizan a ECD que “cada departamento tendrá margen para organizar, de acuerdo con sus particularidades, el tipo de servicios prestados y la propia evolución de la epidemia”. Y niegan que a los trabajadores públicos se les vaya a permitir tan solo un día de teletrabajo. “Se está trabajando en el decreto para aprobarlo cuanto antes”, insisten.

Al mismo tiempo, reconocen la validez del acuerdo alcanzado hace un año entre el Gobierno y los principales sindicatos (CSIF, CCOO, UGT y CIG), en el que se permitía a la plantilla trabajar a distancia de manera voluntaria hasta tres días a la semana.

Un año de antigüedad en el puesto

No obstante, fuentes de Función Pública confirman a ECD que no todos los funcionarios del Estado podrán disfrutar de la jornada laboral en sus domicilios, sino que se aplicará solo para los puestos de trabajo susceptibles de ser así desempeñados, previa solicitud y autorización.

Así las cosas, el Ejecutivo está dispuesto a que cada departamento negocie con los sindicatos qué funciones pueden realizar en remoto solamente aquellos que acrediten al menos un año de antigüedad en el puesto y unidad.

Para ello, cada departamento ministerial u organismo público, previa negociación con los trabajadores, deberá culminar un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados a distancia.

Para cada puesto se identificarán objetivos de trabajo, y se evaluará su cumplimiento, conforme a criterios generales negociados, estableciendo un horario fijo de disponibilidad y localización.