“La Ley de Vivienda no se va a aplicar”, mensaje privado del Gobierno a los inversores internacionales

El Gobierno acaba de suavizar el recorte a las eléctricas que apliquen precios “razonables” tras el duro aviso del PNV. Una operación que Moncloa pretende repetir para “rebajar” la Ley de Vivienda pactada con Podemos, que ha provocado amenazas de salida de España de grandes propietarios de inmuebles, a los que Moncloa ha calmado.

“La Ley de Vivienda no va a salir adelante tal y cómo se ha anunciado”. Es el mensaje privado que miembros de la cúpula económica del Gobierno han trasladado a destacados fondos de inversión, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes de algunos de ellos, en línea con lo que Pedro Sánchez ya garantizó a estos mismos grandes propietarios de inmuebles hace tres meses durante su gira por Estados Unidos.

En la parte socialista del Ejecutivo consideran que la inversión extranjera en esta delicada fase de la recuperación es “imprescindible” y puede ser “suicida” generar falsas expectativas y trasladar un mensaje de inseguridad jurídica a los inversores.

Mensaje a fondos como Blackstone y Lone Star

Fuentes próximas al equipo económico de Moncloa aseguran a Confidencial Digital que el equipo de Pedro Sánchez ha garantizado a grandes propietarios inmobiliarios en España, como Blackstone y Lone Star, “seguridad jurídica en el sector” tras el revuelo generado por la intervención del mercado del alquiler acordada con Unidas Podemos.

No se pasa por alto que Blackstone tiene invertidos en el país más de 20.000 millones entre inmuebles, hoteles y otro tipo de instalaciones. Sus altos ejecutivos advierten de que para seguir apostando es fundamental saber si el Gobierno de coalición va a alterar las reglas de juego tras la pandemia.

Por un lado, España es un mercado atractivo en el mapa de Blackstone, espoleado por los nuevos fondos europeos. Pero, por otro, si se tramita una ley de vivienda que penaliza a los grandes propietarios de inmuebles o cualquier norma que genere inseguridad jurídica se ponen en guardia y echan el freno. Lo mismo se plantean en Lone Star.

Ha confirmado que el PNV tumbará la ley

Así las cosas, según ha podido confirmar ECD por fuentes con acceso a La Moncloa, el Gobierno está dispuesto a matizar algunas de las medidas de la nueva Ley de Vivienda que se han anunciado en los últimos días, y que está previsto que llegue al Consejo de Ministros antes de finales de este mes.

La compleja normativa, que tantos quebraderos de cabeza ha provocado en el seno del Ejecutivo de coalición en el último año, deberá pasar después por el trámite parlamentario. Es ahí, según las mismas fuentes, donde Moncloa ha prometido a los grandes fondos de inversión que “la ley se dulcificará”.

Como ha ocurrido con el decreto que detrae beneficios a las eléctricas, el PSOE ha recibido el mensaje del PNV, un socio clave de Pedro Sánchez, de que no apoyará la nueva ley “en los términos en los que está planteada en este momento”.

Una amenaza que, según ha adelantado ya Moncloa a los fondos, obligará a modificar la normativa anunciada en las últimas semanas antes de que llegue al Consejo de Ministros.

“Nosotros queríamos, pero no nos han dejado”

Sin embargo, en caso de fuerte resistencia por parte de Podemos, lo que dificultaría su aprobación en la reunión semanal de los martes, en Moncloa aseguran que saldrá adelante tal y cómo se ha pactado con la formación morada, pero será suavizada después en la tramitación parlamentaria.

“Nosotros lo hemos intentado, ha habido voluntad política, pero no hemos tenido el apoyo suficiente. No nos han dejado”, será la respuesta que el PSOE justificará ante sus socios de Unidas Podemos en el Congreso.

Mismo mensaje de Sánchez en Nueva York

Es el mismo mensaje que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya trasladó hace tres meses en una reunión con grandes inversores inmobiliarios en Nueva York. El propósito entonces fue “presentar las oportunidades de inversión que ofrece el Plan de Recuperación español”, según un comunicado oficial de Moncloa de aquel día.

Y nada de hablar de “fondos buitre”. A diferencia de los ministros de Unidas Podemos, Moncloa calificó a los convocados como “altos cargos de los principales bancos, gestoras de inversiones y fondos de capital riesgo ubicados en Nueva York”.

El Gobierno comienza a preparar el fracaso

En este contexto, no se pasa por alto que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya ha comenzado a reconocer públicamente en los últimos días que el Gobierno tiene que “respetar las competencias de las comunidades autónomas y entidades locales”, y por eso la ley depende en parte de que las autonomías la apliquen.

Bolaños ha confiado en que todos los gobiernos cumplirán la ley, porque en caso contrario “estarán perjudicando a todos”. “También a los propietarios”, ha incidido el ministro, al recordar que los dueños de las casas que se encuentren en las zonas tensionadas podrán acceder a beneficios fiscales si quieren bajar el precio del alquiler.

“Espero que las comunidades autónomas estén a favor de defender el interés general”, ha exhortado Bolaños en TVE a primera hora. Poco después, Pablo Casado anunció en televisión que los gobiernos autonómicos y locales del Partido Popular se pondrán enfrente de la norma.

Intervenir en su negocio con el BOE

Fuentes próximas a varios fondos de inversión admiten a ECD que lo que realmente preocupa a los grandes propietarios es que se intervenga en su negocio con el Boletín Oficial del Estado, que es lo que apunta por ahora la nueva Ley de Vivienda pactada con Podemos.

Entienden que es “lógico” que un Gobierno intente favorecer el acceso a la vivienda, pero defienden que la solución no es la intervención en el negocio, sino promover más oferta de vivienda para abaratar los precios.

Y su tesis, acreditada en no pocas ciudades europeas en que se ha experimentado una regulación pública de los alquileres, es que el intervencionismo público restringe la oferta y complica y encarece el acceso a la vivienda.

La norma en la que trabaja el Gobierno de Sánchez diferencia dos situaciones para el control de los precios de los alquileres: caseros particulares y empresas que tienen más de 10 viviendas (los denominados “grandes propietarios”). Para los primeros, la vía principal de regulación son los incentivos fiscales, mientras que para los segundos sí se establecerán topes de precios.

En ambos casos, las medidas se aplican en las llamadas “áreas tensionadas”, cuya declaración deberá ser solicitada por las comunidades autónomas al Gobierno. Se declarará “área tensionada” aquella zona donde los precios de alquiler hayan crecido en los últimos años por encima de lo que se considera razonable.

Casi media España no aplicará la ley

Por si fuera poco, casi la mitad del país, la gobernada por la derecha, no aplicará la futura ley de vivienda que define un nuevo marco para el mercado de los alquileres en España. También existen incluso algunas dudas entre algunas autonomías socialistas.

Las cinco comunidades autónomas con gobiernos del PP -Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia-, que suman más de 21 millones de habitantes, así como los ayuntamientos populares -el PP tiene las alcaldías de cuatro de las ocho grandes capitales- se negarán a aplicar la norma, según ha anunciado el presidente del PP, Pablo Casado, que critica el “intervencionismo suicida” de esta regulación.

El PP se opondrá a las medidas del Gobierno para aliviar el alto coste de la vivienda en España, y además piensa recurrir además la ley al Tribunal Constitucional cuando se apruebe.

La norma que han anunciado PSOE y Unidas Podemos no es de aplicación directa: la letra pequeña deja en manos de las comunidades y de los ayuntamientos las principales medidas, como la imposición de precios tope a los grandes propietarios y la penalización fiscal a las casas vacías.

La rebeldía contra la ley de las comunidades y ayuntamientos del PP es posible porque la norma requiere la colaboración de las administraciones. Por un lado, las comunidades autónomas deben solicitar la declaración de “área tensionada” en la que, según la futura norma, se podrán luego limitar los precios de los alquileres.

Por otro, los consistorios gestionan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), sobre el que la ley fija un recargo de hasta el 150% a las viviendas vacías.