Dinero

Llamadas de ministros contaminaron la decisión del Supremo sobre las hipotecas

Filtraron a los magistrados que el Gobierno iba a cambiar la Ley hipotecaria para que paguen los bancos. Dolores Delgado habló varias veces con su ‘topo’

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y Tribunal Supremo junto a un grupo de magistrados y jueces.
photo_cameraCarlos Lesmes, presidente del CGPJ y Tribunal Supremo junto a un grupo de magistrados y jueces.

El maratoniano pleno protagonizado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo que, tras dos días de deliberaciones, ha establecido de nuevo que el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados lo pagan los clientes, contó con la intervención oficiosa de algunos miembros del Gobierno.

Según ha podido confirmar Confidencial Digital, se produjeron llamadas de varios ministros de Pedro Sánchez para interesarse por la marcha de la reunión y para transmitir algunos mensajes. El contenido de uno de ellos es especialmente relevante: el Ejecutivo estaba dispuesto –se les dijo- a incluir una reforma en  la ley hipotecaria para que sean los bancos y no los clientes quienes hagan frente al pago del impuesto.

Una información clave

Las fuentes internas consultadas por ECD explican que se trató de un mensaje decisivo, determinante para inclinar la balanza a favor de los bancos. En cuanto se tuvo noticia de las intenciones del Ejecutivo, Carlos Lesmes y Luis Díez-Picazo vieron una oportunidad para poner fin al polémico pleno, que llevaba camino de alargarse más de tres días.

El Gobierno le daba una oportunidad al Supremo para regresar al criterio inicial, que el tribunal lleva aplicando durante años, por el que los clientes asumen el pago del impuesto sobre los actos jurídicos documentados.

El resquicio era el siguiente: los magistrados podían dar marcha atrás alegando que la actual ley hipotecaria es ambigua, poco clara, lo que les ha impedido sentar jurisprudencia en sentido contrario al tradicional. En cuanto el Gobierno anunciara públicamente el cambio de la ley para aclarar quién es el sujeto pasivo de la escritura –como ha sucedido este mismo miércoles-, saltaría a la luz que el Supremo había actuado correctamente.

Siguiendo este razonamiento, algunos magistrados vieron claro que la opción más beneficiosa para el Supremo era volver a la doctrina original y resolver los recursos pendientes sobre las hipotecas a favor de los bancos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez haría el resto para reforzar esa tesis.

Fuentes oficiales del CGPJ aseguran que Lesmes desconocía esta medida del Ejecutivo y que de hecho emplazó al poder legislativo a modificar esta ley.

Se han cumplido los pasos

Tras el sorprendente anuncio del Supremo, dando marcha atrás a lo anunciado semanas antes, lo primero que llamó la atención fue la intervención este miércoles del propio Carlos Lesmes. Justificó el nuevo criterio alegando la mala redacción de la ley, que resulta “poco clara y confusa”, dijo. Siguió el guión establecido.

Horas después, Pedro Sánchez anunció en rueda de prensa que el Gobierno iba a poner fin a la “incertidumbre” del reglamento de este impuesto. Era una nueva referencia a las dudas que plantea el artículo 29, que establece que el sujeto del impuesto de los actos jurídicos documentados es “el beneficiario”. En el caso de las hipotecas, aunque es el banco el que exige la firma de la escritura, traslada la carga al cliente, por ser el que adquiere el producto financiero. Una interpretación que los expertos también han calificado de “ambigua”.

Las dudas de los magistrados

Las mismas fuentes afirman que varios magistrados compartieron la opinión de Lesmes y Díez-Picazo y trataron de convencer al resto de la Sala para que votara en contra de los recursos que estaban sobre la mesa, volviendo al criterio inicial.

En una ocasión se empleó incluso la expresión “así todos ganamos”: tanto la banca, que se ahorraría el pago de 15.000 millones de euros de hipotecas concedidas hace años; como Hacienda, que no tendría que hacer frente a un coste de 5.000 millones para devolver el impuesto a miles de contribuyentes; como los propios clientes, que a partir de la reforma filtrada por el Gobierno a los magistrados no tendrán que asumir el tributo.

Reñido hasta el final

Sin embargo, como se ha podido ver después, el mensaje del Gobierno no consiguió convencer a todos los magistrados. Es más, durante unas horas seguían siendo mayoría los que estaban decididos a seguir aplicando el fallo al resto de recursos pendientes.

Los miembros de la Sección Segunda, salvo Dimitry Berberoff, estaban dispuestos a ratificarse y seguir votando en contra del pago por parte de los clientes. Y con ellos, buena parte de la Sala Tercera.

Este grupo se había dividido en dos: los que estaban convencidos de los argumentos jurídicos de la sentencia y los que apostaban por continuar la guerra civil del Supremo en el campo de batalla de la Sala Tercera.

Los irreductibles razonaban de la siguiente forma: aunque seguir adelante con la decisión del jueves 18 de octubre suponía un descrédito y una mala imagen para el Supremo –ya que se seguiría poniendo de manifiesto la división interna-, los más perjudicados serían Carlos Lesmes y Luis Díez-Picazo. “Nos inmolamos, pero los primeros que caerán serán ellos”, se decía en los corrillos. Algo que podría precipitar la salida de ambos dirigentes del Supremo y del CGPJ, cuya renovación está próxima.

Los rebeldes llevaron adelante esta estrategia hasta el final. Sin embargo, a última hora de la tarde del martes, saltó la sorpresa. El presidente de la Sala, Díez-Picazo era partidario de no dañar más a la institución y, por ello, acatar el fallo del día 18 pero aplicando la retroactividad sólo a los cuatro años anteriores. Pues bien. En el último momento, y sin previo aviso, cambió el sentido de su voto y se pronunció a favor de que fueran los clientes quienes pagaran el impuesto. Díez-Picazo alegó que “había que desempatar” pero ya conocía los planes de Moncloa para reformar la ley hipotecaria.

Finalmente, por quince votos a favor y trece en contra, la Sala Tercera decidió no aplicar el polémico fallo sobre las hipotecas. Doce horas después, Pedro Sánchez anunciaba que, aunque respetaba la decisión, iba a modificar la ley para que sean los bancos quienes paguen el impuesto por la escritura ante notario.

La ministra y su ‘topo’

Mientras todo esto sucedía, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, estaba perfectamente informada. De todo. Realizó varias llamadas para contactar con su contacto en este pleno. La ministra le preguntó en varias ocasiones  por el desarrollo de las reuniones y las deliberaciones de los magistrados.

ECD ha tratado de ponerse en contacto con el equipo de prensa de la ministra para obtener más información sobre esas conversaciones. Al momento de cerrar esta edición no se ha recibido respuesta.

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