Magdalena Álvarez se jubiló como inspectora de Hacienda antes de ser inhabilitada para empleo público
La condena por el caso de los ERE le impide ocupar su plaza de funcionaria en la Agencia Tributaria, donde se reincorporó tras dimitir como vicepresidenta del BEI en 2014
Un problema menos para Magdalena Álvarez. Se ahorrará tener que abandonar de forma abrupta su plaza en la Agencia Tributaria tras ser condenada por la sentencia de los ERE. La ex ministra dejó su puesto como inspectora de Hacienda antes de ser inhabilitada.
Hay que recordar que, tras su dimisión como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Álvarez pidió en septiembre de 2014 su reincorporación a su puesto de trabajo como inspectora de finanzas del Estado.
Ahora, la Audiencia de Sevilla acaba de condenar a Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación especial por el delito de prevaricación en el caso de los ERE fraudulentos de la Junta. La sentencia no es firme y admite recurso ante el Tribunal Supremo.
Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes de su entorno, la ex ministra de Fomento ha dejado su puesto como inspectora de Hacienda del Estado, lo que le evitará tenerlo que abandonar de manera forzosa si el Supremo confirma la condena. La inhabilitación impide ocupar cargos o desempeñar empleos públicos.
Magdalena Álvarez es doctora en Ciencias Económicas, accedió por oposición al Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado, y ha sido consejera de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz, al que se incorporó como independiente, durante una década (1994-2004).
Fue también ministra de Fomento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009, así como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) desde junio del 2010 hasta junio del 2014.
Renunció a este último cargo casi un año después de que fuera imputada formalmente en el caso de los ERE tras ser rechazado el recurso que presentó ante la Audiencia de Sevilla.
Condenada por un delito de prevaricación
Magdalena Álvarez ha sido condenada por un delito de prevaricación como responsable de la elaboración y gestión de los Presupuestos andaluces que recogían la partida que pagaba las ayudas sociolaborales -mediante transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al ente público IFA, encargado de abonarlas-.
Esta partida, conocida como 31-L, sufría cada año varias modificaciones presupuestarias para aumentar la cuantía destinada al pago de estas ayudas.
