Dinero

Más problemas para la ministra Montero: los morosos planean acciones legales por no publicar la lista de ayuntamientos insolventes

Denuncian que Hacienda está incumpliendo el real decreto 17/2014 al notificar ‘en secreto’ a cada municipio sus impagos a través de una oficina virtual

María Jesús Montero, en el debate de Presupuestos en el Congreso.
photo_camera María Jesús Montero, en el debate de Presupuestos en el Congreso.

En el año que lleva en el Gobierno, quizá la semana que ahora termina haya sido una de las más problemáticas para María Jesús Montero. Mención aparte merecen aquellos días de febrero en los que intentó por todos los medios recabar los apoyos necesarios para los Presupuestos Generales del Estado. Algo que no consiguió y provocó la convocatoria de elecciones en abril.

Escándalo por un informe de la Abogacía

Quitando este duro revés para el Gobierno de Pedro Sánchez, la ministra Montero está pasando desde el martes unos días complicados a cuenta de la financiación autonómica: El País publicó que un informe de la Abogacía del Estado impedía a Hacienda transferir los 4.736 millones pendientes porque el Ejecutivo está en funciones.

El asunto no es baladí: la Generalitat ha anunciado que denunciará al Gobierno por el retraso y las comunidades del PP llevan meses reclamando la transferencia. A su vez, Montero llevaba tres meses alegando que un dictamen de la Abogacía le impedía hacerlo, pero nunca remitió a los partidos ese escrito cuando se le reclamaba. Es más: algún letrado llegó a decir que el informe no existía.

Es la razón por la que la noticia de El País ha provocado tanto revuelo, hasta el punto de que incluso Unidas Podemos, hasta hace poco, socio prioritario del Ejecutivo, pedirá la comparecencia de Montero en el Congreso: para que dé cuenta de su “irresponsable” gestión de este asunto.

El FLA de los ayuntamientos

Pues bien. A la ministra Montero no sólo le toca lidiar con la financiación autonómica. Por si fuera poco este conflicto con las regiones, ahora se está gestando otro de no menor importancia: la liquidez de los ayuntamientos.

El 29 de julio, entró en vigor la creación del Fondo de Ordenación de las Entidades Locales, también conocido como el FLA de los municipios, una suerte de bombona de oxígeno para los consistorios más asfixiados.

Funciona como un mecanismo de liquidez para aquéllos cuya deuda a 31 de diciembre del ejercicio anterior supere el 110% de los ingresos corrientes liquidados en esa fecha.

También pueden acogerse al mismo los ayuntamientos que hayan solicitado liquidez al Tesoro y que les haya sido negado por razones de prudencia. De esta manera, podrán acceder a nuevas operaciones de crédito.

Indignación de los morosos

Según ha sabido Confidencial Digital, la gestión de este Fondo está provocando la indignación de varios morosos que aparecen en la lista de Hacienda. Su enfado responde a una razón sencilla: según el real decreto 17/2014 el Ministerio tiene la obligación de hacer público qué ayuntamientos pueden acogerse a este mecanismo.

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Sin embargo, a día de hoy, Hacienda no ha publicado ninguna lista de municipios insolventes. Está notificando esta situación a cada consistorio, de forma individual y a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

Algo que ha despertado la ira de no pocos morosos, que acusan a Montero de “secretismo” y “falta de transparencia”, además de “trato discriminatorio”. Según ha sabido ECD, varios de los que han aparecido en la lista que Hacienda publica cada año están planeando presentar acciones legales contra la ministra por esta diferencia de trato.

“Toda España se entera de que debemos dinero a Hacienda, pero nadie sabe qué ayuntamientos están al borde de la quiebra”, se quejan. Alegan que “es más escandaloso” el caso de la financiación municipal, porque los proveedores deben conocer cuál es la situación de solvencia de los consistorios “por razones evidentes” antes de concurrir a los concursos de licitación de contratos.

“Además”, señalan, “por motivos de transparencia, los ciudadanos tienen el derecho de conocer qué hace su ayuntamiento con el dinero que recibe y en qué situación ha dejado las arcas municipales”. “Si existe una lista de morosos, debemos estar todos, no sólo lo particulares”, añaden.

Todavía es “pronto” para determinar qué acciones iniciarán contra Montero, pero las mismas fuentes aseveran que están estudiando “seriamente” cómo denunciar a la ministra de Hacienda por esta diferencia de trato.

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