Multas de hasta 200.000 euros por no dar de alta a las empleadas del hogar para que puedan cobrar el paro

El Gobierno acaba de aprobar el derecho de las empleadas del hogar, afiliadas al Régimen especial de la Seguridad Social previsto para el colectivo, a no ser despedidas sin causa justificada y a cobrar el desempleo cuando se queden sin trabajo. El Ministerio de Trabajo intensificará ahora las inspecciones para regularizar a 300.000 trabajadoras.

Según explican a Confidencial Digital fuentes del Ejecutivo, el motivo es que la medida, anunciada por el propio Pedro Sánchez va a dejar fuera, de entrada, a casi el 40% de estas empleadas, que cobran en dinero negro, forman parte de la economía sumergida, tienen retribuciones inferiores a las establecidas y por ellas no cotizan sus empleadores. 

La Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja que 545.700 trabajadores admiten formar parte de este colectivo, pero al menos uno de cada tres no tiene beneficios laborales, puesto que no se cotiza por ellos.

Multas de hasta 200.000 euros

Según las fuentes consultadas, el Ejecutivo se apoyará en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para forzar la regularización de las 300.000 trabajadoras domésticas que actualmente no cuentan con un contrato laboral y por ello no tendrían acceso al paro que acaba de reconocer el Gobierno para el colectivo.

Defiende que en esta ley, en el artículo 40, se contemplan las multas a los empleadores por diversos incumplimientos con las empleadas de hogar. 

En el caso de que las infracciones sean leves, las sanciones pueden alcanzar los 25.000 euros, pero las multas llegan a los 100.000 euros para las graves y se acercan a los 190.000 para las muy graves.

Inspecciones en los domicilios

El Ministerio de Trabajo asume que el de las trabajadoras domésticas es uno de los sectores con más economía sumergida y resulta especialmente difícil de controlar. El trabajo se desempeña en domicilios particulares, en los que es difícil visualizar estas irregularidades.

Pese a ello, la Inspección va a intensificar las visistas en los domicilios para aflorar el fraude detectado alrededor del empleo doméstico. 

Según los resultados de la última campaña, explican fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz, las situaciones irregulares afectaban a uno de cada dos contratos investigados.

Beneficiará especialmente a las mujeres

“Esta norma hoy permite que tengamos un país mejor. Y no son palabras, son hechos, como le gusta hacer al Gobierno”, celebró en este sentido la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que fue la encargada de presentar decreto tras el Consejo de Ministros de este martes.

Díaz resaltó que la nueva ley beneficiará especialmente a las mujeres, dado que el de las empleadas de hogar se trata de un sector “muy feminizado” y en el que las trabajadoras, además de ser mayoritariamente mujeres (un 95%, compartió la vicepresidenta), son también inmigrantes en una proporción mucho mayor al resto del mercado laboral (un 44% frente al 10% general).

Comenzarán a cotizar en octubre

Las trabajadoras del hogar comenzarán a cotizar para su prestación por desempleo a partir del 1 de octubre, algo que será obligatorio hacer, como ocurre con el resto de los empleados. Para evitar una carga económica sobrevenida para los empleadores, estas cotizaciones estarán bonificadas en un 80% para ellos.

Según el Ministerio de Trabajo, esta circunstancia será especialmente beneficiosa para el colectivo porque la mayoría de las trabajadoras “tienen relaciones laborales a tiempo parcial e intermitentes, que a menudo finalizan repentinamente por defunción de sus empleadores”.

La nueva normativa no tendrá efectos retroactivos y las trabajadoras empezarán a generar su derecho a percibir el paro y también a cobrar del Fogasa -en su caso- a partir del mes de noviembre.

Se acaban los 12 días por año

El decreto también les permitirá acceder a una indemnización de 20 días por año trabajado en el caso de ser despedidas de manera procedente, y de 33 días por año si la extinción del contrato se reconoce como improcedente, al igual que ocurre con el resto de los trabajadores por cuenta ajena.

Se elimina así el despido por desistimiento para las empleadas de hogar. A partir de ahora, se deberán acreditar los motivos que puedan dar lugar a la finalización del contrato con las trabajadoras. 

Hasta ahora, el contratante únicamente estaba obligado a ofrecer a la empleada despedida una indemnización de 12 días de salario por año de servicio, con el límite de seis mensualidades. Y eso únicamente para los contratos concertados a partir de 2012: para los anteriores, la indemnización era de siete días de salario por año de servicio.