Pablo Iglesias afronta un tercer fracaso de sus promesas: no podrá evitar los cortes de luz y gas

Pablo Iglesias va camino de una tercera promesa incumplida. El vicepresidente segundo se ha empeñado en sacar adelante por decreto la prohibición de los cortes de luz y gas a familias vulnerables, pero en el conjunto del Gobierno se ha instalado la preocupación porque la medida corre serio riesgo de no poder ser ejecutada.

La última disputa interna en el Ejecutivo tiene que ver con el veto a cortar suministros básicos, una medida del llamado “escudo social” que se levantó el pasado 30 de septiembre y que se sigue negociando en el seno del Ejecutivo. 

Desde entonces, y según datos de la Asociación de empresas de energía eléctrica (Aelec), se ha procedido a ejecutar 15.000 cortes de luz, agua y gas al mes por impagos de los clientes. En total, 30.000 cortes durante octubre y noviembre, en plena pandemia. 

Batalla entre ministerios

La batalla entre ministerios se evidencia en cada reunión que mantienen los representantes de PSOE y de Unidas Podemos. Hace unos días, desde el partido de Pablo Iglesias se hizo público su malestar con la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que acusó de que estaba frenando la aprobación de esta medida. 

Poco después de conocerse este nuevo encontronazo en el seno del Consejo de Ministros, desde Transición Ecológica explicaron que trabajan ya en una disposición para añadir en un decreto que garantice el suministro de energía eléctrica a esos consumidores vulnerables.

En concreto, la propuesta del departamento de Ribera plantea que durante los cuatros meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley no pueda suspenderse el suministro de energía eléctrica a aquellos en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo, o en riesgo de exclusión social, definidas en el real decreto de 6 de octubre que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos.

Más trabajo para los Servicios Sociales

Fuentes del Gobierno a las que ha tenido acceso Confidencial Digital reconocen que la medida que promueve Pablo Iglesias va a obligar a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte, y a garantizar el suministro en el caso de que cumpla unos baremos específicos de vulnerabilidad.

Con esta premisa, la consulta a los Servicios Sociales, previa a la prohibición de los cortes de suministro, amenaza con colapsar de nuevo la administración, en este caso municipal, tanto desde el punto de vista operativo como económico. 

Máxima inquietud en el Gobierno

El escenario ha desatado los nervios en el Gobierno, según revelan a Confidencial Digital en varios ministerios, porque hay riesgo de que no se puede cumplir la promesa de Pablo Iglesias, como ya ha ocurrido con el ingreso mínimo vital y poco después con la prohibición de los desahucios. Y teme la reacción del vicepresidente segundo ante ese nuevo fracaso personal.

Fuentes conocedoras de la situación en la Administración explican que la medida llega en un momento en el que los servicios sociales de los ayuntamientos se encuentran completamente desbordados con la gestión de las ayudas de urgente necesidad por la pandemia, sobre todo por el ingreso mínimo vital.

Por si esto fuera poco, el Gobierno todavía no ha dado instrucciones precisas a las autonomías y a los consistorios sobre el protocolo a seguir, sobre la financiación con que cuentan y los recursos personales y materiales de que dispondrán. Y el tiempo apremia con la llegada del invierno, si se quiere evitar muertes por cortes de luz y gas.

No se dispone de plantilla suficiente

Según las fuentes consultadas por ECD, los ayuntamientos han alertado a la Vicepresidencia de Transición Ecológica de que necesitarán ayuda, ante el sobre esfuerzo exigido a los servicios sociales municipales.

Destacan también que, al no haber sido posible durante varios meses la atención presencial, la brecha digital ha dificultado a las personas más vulnerables poder solicitar las prestaciones a las que tienen derecho y que aún están pendientes de gestionar.

Para evitar el colapso, que algunos funcionarios municipales ya comienzan a comparar con el que se arrastra desde hace varios meses en la Seguridad Social con la tramitación del ingreso mínimo vital, los ayuntamientos, a través de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), han exigido recursos también para la formación de estos profesionales, así como materiales para llevarla a cabo -ordenadores- y unas instalaciones adecuadas.

Una de las soluciones de urgencia que se plantea es la contratación de interinos, lo que permitiría resolver el déficit actual de recursos humanos al consolidarse con la oferta de empleo público.

Un nuevo caos como con los ERTE

Además del ingreso mínimo vital, las ayudas extraordinarias prometidas por el Gobierno para afrontar la crisis económica provocada por la pandemia han registrado también considerables retrasos en los últimos meses. 

Por ejemplo, es el caso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que tramita el Ministerio de Trabajo, un Departamento también gestionado por Unidas Podemos.

En este sentido, los ayuntamientos, a través de la FEMP, están buscando agilizar los trámites con el Gobierno para poder gestionar a tiempo la nueva medida de evitar cortes de electricidad y gas. 

No quieren acabar siendo señalados como responsables de los retrasos por los afectados. Recuerdan que se trata de personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad tras la pandemia.