Ninguna empresa estratégica en apuros ha solicitado al Gobierno ser rescatada por ‘miedo’ a Podemos

Las empresas estratégicas que pidan el rescate al Gobierno tendrán limitado su margen de maniobra, no solo para repartir dividendos o retribuir a la alta dirección, sino también para tomar decisiones importantes para su futuro. Un planteamiento “intervencionista” que, con Podemos en el Consejo de Ministros, ahuyenta a las compañías.

Fuentes empresariales conocedoras de la situación confirman a Confidencial Digital que las grandes compañías estratégicas españolas no quieren recibir esa ayuda del Gobierno, del modo como está llegando por ejemplo a sus competidoras alemanas, porque “no quieren ver ni en pintura a Podemos en sus consejos de administración”.

Según ha sabido ECD, por el momento ninguna empresa estratégica cuya viabilidad penda de un hilo a causa de la crisis del coronavirus ha solicitado al Estado ser rescatada. Motivo principal: la entrada en el capital por parte del Estado implicará el nombramiento de representantes en el consejo de administración de parte del Gobierno.

La representación estatal se verá reflejada en el consejo de administración de las compañías en una proporción “equivalente a su cuota de participación”. 

El Gobierno utiliza de esta forma la puerta abierta por la Unión Europea en materia de ayudas para que los estados puedan socorrer a compañías en determinadas situaciones derivadas de la crisis del Covid-19.

Critican el “alto grado de intervencionismo”

El fondo de rescate de 10.000 millones para salvar empresas estratégicas será gestionado desde la SEPI a través del Consejo Gestor, de nueva creación, un órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Hacienda. 

Será el Tesoro Público quien percibirá el importe de los dividendos, intereses, plusvalías y cualquier otro tipo de remuneración que derive de las inversiones, de la participación y así como de los órganos de administración de las empresas que hayan sido rescatadas.

De esta manera, el Estado determinará decisiones estratégicas de la empresa como las retribuciones de la cúpula y los consejeros, el pago de bonus a los directivos y el reparto de dividendos, que quedan supeditadas a autorización previa del Consejo Gestor, con el objetivo de asegurar la adecuada utilización de los recursos públicos. 

En algunas compañías que atraviesan una delicada situación financiera tras la pandemia reconocen a ECD que les provoca un “enorme rechazo ese alto grado de intervencionismo del Estado”, especialmente en aquellas empresas en las que la aportación estatal debería ser minoritaria para salir adelante.

Desde el Gobierno aseguran que todas estas ayudas se conceden en el marco de las directrices europeas, y que no existe ningún interés en mantener la posición pública en las mismas. El Ejecutivo de coalición huye, de esta forma, de cualquier acusación de nacionalización de sociedades al borde del precipicio.

Rechazo a que el Estado entre en el capital

Pese a ello, fuentes empresariales citan a ECD el caso del grupo turístico Globalia, al que pertenecen Air Europa y Halcón Viajes. 

Aseguran que está dispuesto a negociar con el Gobierno una ayuda económica para reforzar su solvencia tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

Pero la empresa ha marcado una línea roja: que el Estado no entre en el capital de la compañía. La compra de acciones de Globalia por parte de la SEPI ha sido rechazada, porque la condición máxima del grupo familiar es mantener la propiedad del capital.

Dudas con el rescate de Duro Felguera

Una de las pocas compañías que se ha llegado a plantear acudir al fondo de rescate de 10.000 millones es Duro Felguera. 

La empresa asturiana ha iniciado la elaboración de un nuevo plan estratégico y la negociación de una segunda refinanciación con la banca que le permita retrasar los planes de crecimiento que tenía para este año.

Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguran a Confidencial Digital que existen dudas de que la crisis de Duro Felguera provenga de la situación creada por el coronavirus, y por ese motivo ponen en cuarentena su posible adhesión al fondo.