Paralizada la oleada de prejubilaciones en CaixaBank, El Corte Inglés, BBVA… tras la tregua laboral del Gobierno
El retraso a 2024 de las penalizaciones a las salidas anticipadas ha provocado la retirada del aluvión de solicitudes de empleados, que reclamaban abandonar sus puestos antes del mes de octubre
Una veintena de grandes empresas han anunciado, en cadena, una oleada de despidos en los últimos meses. Es el caso, por ejemplo, de CaixaBank, El Corte Inglés y BBVA. Pero el Gobierno ha decidido retrasar la reforma que iba a endurecer las prejubilaciones para evitar salidas masivas a toda prisa, antes de que cambiase el actual marco.
La intención inicial del Gobierno era que la nueva fórmula para actualizar las pensiones y el recorte a las prejubilaciones llegara al Congreso “de forma inminente”, para sustituir la ley actual que rige desde 2013.
El propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha justificado que esa normativa, aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy, “supone una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 30%” en el medio plazo.
Para evitarlo, se propone acercar la edad media a la que se accede a la jubilación (64,5 años) a la legal (65,8 años), para lo que contempla elevar los desincentivos en el acceso al retiro anticipado voluntario y crear un nuevo modelo que premie con 12.000 euros cada año que se demore el retiro.
Escrivá también pretende derogar el vigente índice de revalorización, que sólo garantiza una subida del 0,25%, para que las pensiones se actualicen conforme al IPC real. “Queremos asegurar el poder adquisitivo de las pensiones”, ha insistido.
Retraso de la reforma a final de año
Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los planes del Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad Social ha decidido dar margen a las empresas para que lleven a cabo los últimos ajustes laborales antes de la reforma del sistema de pensiones que negocia ya con los agentes sociales.
En el primer bloque de la reforma se había incluido un nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se ligará al IPC, las penalizaciones a las prejubilaciones y que la edad efectiva de jubilación se equipare con la real.
Mensaje a empresarios y sindicatos
Fuentes empresariales y sindicales consultadas por ECD confirman que José Luis Escrivá se ha comprometido a pactar unas reformas que se implementen de manera gradual.
El ministro de Seguridad Social ha comunicado también a empresarios y sindicatos que no trasladará una conclusión sobre este asunto hasta final de año.
Ha tenido en cuenta que ni a empresas ni a sindicatos les conviene acelerar ahora su respaldo a una reforma que tensaría las negociaciones que tienen en marcha compañías de todos los sectores para ajustar sus plantillas tras la pandemia.
Se trata también de evitar una avalancha de regulaciones de empleo que quieran anticiparse a un endurecimiento de la norma.
Paralizada una oleada de prejubilaciones
Con este escenario, el calendario con el que trabajaban la mayoría de las compañías que han anunciado despidos masivos en los últimos meses era que las salidas mediante prejubilaciones se ejecutaran a finales de septiembre ante el aluvión de solicitudes de empleados que reclamaban abandonar sus puestos de trabajo antes del mes de octubre.
Hay que recordar que el Gobierno había planteado cerrar la puerta a las prejubilaciones el 30 de septiembre, pero ante la previsible intensidad de negociaciones sociales para pactar ajustes durante el verano se accedió a retrasarlo.
Una decisión que, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los procesos, ha provocado la paralización de una oleada de prejubilaciones en grandes empresas como CaixaBank, El Corte Inglés o BBVA.
Así las cosas, con el máximo de dos años que ofrece el plazo legal para prejubilarse, las primeras penalizaciones entrarían en vigor en 2024, si bien todos aquellos retiros voluntarios pactados antes de la entrada en vigor de la ley quedarán sujetos al sistema actual incluso si se producen más tarde de esos dos años.
De hecho, algunas compañías como Airbus ya han completado sus acuerdos sobre salidas voluntarias garantizando a sus actuales y futuros prejubilados, por lo que una nueva regulación no afectará a sus prestaciones hasta el retiro.
Salidas menos caras y mejor pagadas
No se pasa por alto que las prejubilaciones han sido la medida estrella para reducir plantilla en las empresas con costes a cargo del Estado. En la anterior oleada de fusiones bancarias provocada por la crisis y el rescate de las cajas, los ajustes se realizaron mediante prejubilaciones en vez de despidos con indemnización.
Esta medida consiste en que los trabajadores, a partir de cierta edad, se van al paro y cobran la prestación los dos años que permite la ley, normalmente complementada por la empresa. A partir de ahí, la compañía paga un porcentaje del salario –y las cotizaciones a la Seguridad Social- hasta que el empleado alcanza los 61 años y accede a la jubilación anticipada, con lo que pasa a cobrar la pensión.
La prejubilación tiene grandes ventajas tanto para la empresa como para el trabajador. La compañía se ahorra buena parte de las indemnizaciones, que en banca suelen ser las más altas de todos los sectores empresariales, a costa del erario público.
Y el empleado mantiene un elevado porcentaje de su sueldo hasta que se prejubila, y entonces lo hace con la pensión máxima en el caso generalizado de los de banca.
Eso significa que la prejubilación hubiera sido menos atractiva para los miles de trabajadores que saldrán de las empresas porque les habría quedado menos pensión si la reforma se aprueba antes de que se lleven a cabo los ERE. Además, abocaría a las compañías a dar más peso a los despidos con indemnización, que resultan más caros.
