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Pedro Sánchez tiene un estudio que confirma que no podrá cumplir su promesa de bajar la luz: en 2021 subirá 20 euros

Los datos de Transición Ecológica anticipan que el recibo, no solo no descenderá a los 598 euros de 2018, sino que aumentará hasta los 644 al final de este año

Factura de la luz.
photo_camera Factura de la luz.

El Gobierno ya sabe que el recibo de la luz subirá a final de año pese a insistir públicamente este mismo miércoles en que Pedro Sánchez cumplirá su promesa de bajarlo al nivel de 2018. Moncloa maneja una proyección que contempla que la factura a cierre de 2021 se va a quedar a ocho puntos de la rebaja anunciada hace tres meses por el presidente

Sánchez se comprometió en septiembre a que, al final de este año, el coste total del recibo de la luz sea similar al del 2018. Una promesa que ya desató entonces los nervios en el Gobierno, especialmente en el Ministerio de Transición Ecológica, porque los plazos prometidos por el presidente eran muy ajustados y existía un claro riesgo de que no se cumplieran.

La luz subirá más de 20 euros en 2021

Ahora, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, Pedro Sánchez tiene encima de la mesa un estudio que confirma que no podrá cumplir definitivamente su promesa de bajar la luz. Todo lo contrario: el recibo eléctrico subirá 20 euros en 2021.

Desde el punto de vista de la tarifa regulada, los datos que ha remitido a Moncloa la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, destacan que los diez millones de consumidores que cuentan con tarifa PVPC pagaron en 2018 un total de 598 euros en todo el año, es decir, algo menos de 50 euros al mes.

En el año 2019, 562 euros. Y en 2020 se registró un récord de precios bajos, situándose en los 512 euros. En cambio, en 2021, el consumidor va a pagar alrededor de 644 euros en total en el año, es decir, alrededor de 55 euros en promedio mensual.

La proyección del Ministerio de Transición Ecológica, por tanto, es de una factura anual de 644 euros para este año frente a los 598 euros de 2018. Una diferencia de 46 euros (unos 4 euros mensuales).

Pero el estudio advierte además de que, incluso si se ajusta por inflación, el recibo aún será unos 20 o 22 euros más caro. 

Así que, para alcanzar unos precios como los de 2018 sería necesario que la tarifa bajase en total el equivalente a unos 20 o 25 euros, aproximadamente, según el informe remitido por Transición Ecológica a Moncloa, al que ha tenido acceso ECD.

En términos nominales, 2018 había sido hasta ahora el año con la electricidad más cara para los consumidores, lo que desató cierta alarma social que llevó a la aprobación del bono social térmico y a la suspensión del impuesto de generación, pero sin que el precio de la luz iniciara una escalada como la de los últimos meses.

El Gobierno insiste en que cumplirá

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que va a cumplir el compromiso de Pedro Sánchez de que los hogares paguen por la luz igual que en 2018. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, afirmó hace unos días que se está cumpliendo gracias a la rebaja fiscal del 60% y a la reducción de cargos de la tarifa del 96% aplicados por el Ejecutivo.

También la vicepresidenta de Transición Ecológica y responsable del ramo, Teresa Ribera, ha reiterado el compromiso de que el promedio de hogares pagará lo mismo por la luz que hace tres años, aunque ha admitido que “habrá muchas familias que paguen menos, otras lo mismo y otras más”.

 

“Hemos actuado sobre las variables sobre las que puede actuar el Gobierno”, ha justificado recientemente Ribera, recordando que el Ejecutivo no puede intervenir en la formación de precios, dado que es un mecanismo que se determina a nivel internacional.

El ahorro se queda en el 12%

Fuentes del área socialista del Gobierno recuerdan ahora a ECD que, desde el propio Ministerio de Transición Ecológica, ya se advirtió a Moncloa en septiembre de que la promesa lanzada entonces por Pedro Sánchez, en una entrevista en el diario El País, corría “serio riesgo” de no poder ser cumplida. En el Ejecutivo admiten que al final se impusieron las urgencias políticas de Moncloa.

El PSOE solicitó a los grupos parlamentarios acelerar la tramitación de los proyectos de Ley de minoración de la retribución de las centrales no emisoras puestas en funcionamiento antes de 2005 y el del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.

Sin embargo, los cálculos que manejaban en el departamento que dirige Teresa Ribera, a los que tuvo acceso también entonces Confidencial Digital, contaban con que ambas medidas no podrían entrar en vigor hasta el mes de noviembre, como finalmente ha ocurrido, y cuantificaban el ahorro en la factura en un 12% en el tramo final del año.

Estimaban que el compromiso del presidente requería que la rebaja superase el 20% y exigía que en el tramo final del año la factura de la luz aflojase la presión tras los máximos que estaba marcando a finales de verano. Algo que finalmente no ha ocurrido.

La normativa no tiene base legal

Fuentes próximas al Ministerio de Transición Ecológica recuerdan también a ECD que técnicos del departamento que dirige Teresa Ribera también pusieron en duda el valor legal del decreto de recorte a las eléctricas durante la redacción del texto. Y así se lo trasladaron al equipo de la vicepresidenta tercera.

Argumentaron, por ejemplo, que el Gobierno iba a exigir a algunas empresas fotovoltaicas y eólicas, tal y como estaba redactada la normativa, un dinero que no ganaban por la actual subida al tener contratos a largo plazo a precios estables.

Por tanto, el decreto ponía en peligro su viabilidad. Un argumento de peso, aseguraban, para que los jueces tumbasen la norma.

La culpa no es de Pedro Sánchez

Pese a este embrollo de consecuencias multimillonarias, Ribera se mantuvo firme en no cambiar el decreto, por mucha incertidumbre que provocase en inversores y accionistas de las eléctricas, empresas que cosecharon fuertes caídas en Bolsa durante varias jornadas. “Las leyes son inamovibles hasta que se cambian, y no tenemos intención de cambiarla”, llego a zanjar la vicepresidenta tercera aquellos días.

Sin embargo, el decreto fue suavizado semanas después para poder ser convalidado en el Congreso de los Diputados por el resto de grupos políticos. Especialmente dura fue la posición del PNV, que defendía los intereses de la eléctrica ‘vasca’ Iberdrola según se interpretó entonces.

Según las fuentes consultadas por ECD, la resistencia del Gobierno a modificar el decreto formaba parte de una estrategia de Moncloa para defender ante la opinión pública que Pedro Sánchez “no ha sido el responsable”, que él se enfrentó a los “gigantes” (las eléctricas), y que han sido otros poderes (los tribunales y los partidos en el Congreso), los que le han doblado el pulso y no han permitido aplicar el hachazo fiscal a las grandes compañías.

“Sánchez está con el pueblo”

En el PSOE reconocen que se perseguía, además, lanzar el mensaje de que “Sánchez está con el pueblo”, de forma que la crisis de la luz no volviera a poner en evidencia la debilidad o impotencia de los socialistas. Se trata de evitar que sea Unidas Podemos, incluso sin Pablo Iglesias al frente, quien capitalice todas las medidas sociales del Ejecutivo.

Se trata de un mensaje que Moncloa comenzó a trasladar ya a la opinión pública en la crisis por la erupción del volcán en La Palma, admiten en el Ejecutivo. “El presidente Sánchez está donde debe de estar, junto a los españoles que sufren, con los afectados que fueron evacuados de la isla de La Palma, o con los que ahora lo han perdido todo por las inundaciones tras la crecida del Ebro… Y tomando el pulso de la situación para poder tomar las mejores decisiones”, subrayan.

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