Podemos presiona en el Gobierno para nacionalizar las centrales hidroeléctricas de Iberdrola y Endesa
La ministra Belarra ha reclamado la reversión al Estado de las instalaciones cuyas concesiones van a caducar en los próximos años para abaratar el precio de la luz
Podemos presiona en el Consejo de Ministros para recuperar las concesiones hidroeléctricas que caducan y utilizarlas como herramienta para abaratar el precio de la luz. La futura líder del partido morado, Ione Belarra, ha recuperado este viejo proyecto de Pablo Iglesias en plena polémica por la nueva subida del recibo eléctrico.
El paulatino final de las concesiones de las 800 instalaciones que funcionan en España y la división en el Gobierno respecto a su futuro anticipan una batalla por la más tradicional de las energías renovables cuya producción requiere del uso de un bien de dominio público: el agua de las cuencas hidrográficas.
El de las hidroeléctricas es un asunto relevante para los próximos años, a medida que venza la concesión de un importante número de presas, tras los 75 años que, con carácter general, establece la normativa.
Según un informe elaborado por el Observatorio Sostenibilidad, en los próximos 10 años, a 45 centrales les caduca la concesión, que revertirá al Estado a través de las confederaciones hidrográficas.
El texto refundido de la Ley de Aguas limita las licencias de explotación a 75 años, un plazo demasiado elevado que se fijó en los años de la autarquía franquista (en las décadas de los 40 y 50), que, pese a todo, no se ha revisado “en las que se han otorgado ya en el siglo XXI”, critica el informe.
Teresa Ribera se mostró abierta…
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera se mostró abierta poco después de asumir esa cartera a que el Estado las asuma directamente conforme caduquen.
“Hay un volumen, que es un volumen limitado, que nos debería permitir pensar en opciones un poco más acordes a las necesidades del siglo XXI, que son básicamente garantizar un cierto precio para consumidores vulnerables y una cierta capacidad de almacenamiento y moderación de precios medios con un potencial que, en teoría, es un potencial público, por tanto, dependiente de una decisión de orden público”, dijo Ribera en su debut como ministra en el Senado en 2018.
…pero ha modulado su postura
El pasado enero, en plena subida de la luz por la borrasca Filomena, la vicepresidenta Ribera descartó sin embargo la creación de una empresa pública de energía. Una opción que defendía Podemos en su programa electoral, donde pedía que una entidad de nueva creación asumiera las concesiones hidroeléctricas que vayan venciendo.
El Gobierno se ha limitado a anunciar que cambiará los requisitos de los pliegos de condiciones de las que, caducando, se vuelvan a sacar a concurso. Ha explicado que a finales de año se publicará el borrador de reforma del Reglamento de Dominio Público Hidráulico para “dar una vuelta al planteamiento de los plazos de las concesiones”.
Por el momento, el Ministerio para la Transición Ecológica acaba de aprobar un anteproyecto de ley que prevé drenar la retribución de esta energía hidroeléctrica y de la nuclear para intentar abaratar el precio de la luz actuando sobre los “beneficios caídos del cielo” que reciben por el alto coste del carbono, al que no hacen frente.
La propuesta ha llevado a las eléctricas a amenazar con el cierre anticipado del parque nuclear, que aseguran, está en pérdidas.
Podemos pide la nacionalización
Ante esta nueva subida de la luz, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, declaró este lunes, en una entrevista en ‘Las Cosas Claras’ (TVE), que la respuesta para que no sean las empresas eléctricas quienes “tienen en su mano” el precio de la luz es “meridianamente clara” y pasa por apostar por una empresa pública de energía.
Sin embargo, Belarra dio un paso más y, de cara a su posible constitución, aseguró que sería “muy sencillo” y se basaría en que se puedan “revertir a lo público” las concesiones hidroeléctricas que van a caducar en próximos años
Según los datos que maneja Unidas Podemos, “solo en 2017, caducaron 7 concesiones; 3 en 2018; 8 en 2019 y 9 en 2020”.
El aprovechamiento de un bien público como el agua por parte del Estado es una vieja reivindicación de la izquierda. Hay ejemplos recientes avalados por la justicia como el de la presa de Lafortunada-Cinqueta en Huesca, recientemente recuperada por la Confederación Hidrográfica del Ebro tras décadas en manos de Endesa.
Algunos expertos lo defienden como medio para abaratar el precio de la luz, que estos días, y como consecuencia del encarecimiento del CO2, está marcando precios históricamente altos en el mercado mayorista para un mes de junio, en pleno cambio del sistema tarifario.
Iberdrola y Endesa, afectadas
Las dos grandes empresas energéticas afectadas por los planes de Podemos en materia de explotación de las aguas son Iberdrola y Endesa. En España hay más de 20.000 MW de potencia hidráulica instalada y la mayoría está en manos privadas. Iberdrola (8.847 MW instalados) y Endesa (4.759 MW) son las compañías que más controlan el negocio.
Pese a ello, a los tres grandes embalses aún les quedan muchos años por delante: las concesiones de Alcántara (en el Tajo), con una potencia de 3.160 MW; Almendra (en el Duero), con 2.649 MW y el mayor de todos, el de La Serena (en el Guadiana), de 3.219 MW, no caducan hasta 2044, 2045 y 2065, respectivamente. Las dos primeras son titularidad de Iberdrola y la última, de Endesa.
El peso de la hidroeléctrica es relevante
El peso de la energía hidroeléctrica es muy relevante: con una capacidad de 20.330 MW, representa la cuarta parte de la potencia total instalada en España y una producción de 20.213 GWH incluso en un año seco.
Por volumen de agua, un 7% de las concesiones ha expirado ya, como el de Tranco de Beas (Guadalquivir), en 2019; y el de Ebro (Reinosa), en 2020. Hasta 2030 caducarán las licencias de otro 8%, porcentaje que incluye otro embalse de gran tamaño: el de Alarcón (Tajo), en 2030.
La hidráulica, que hasta mayo ha aportado algo menos del 16% de la electricidad en España, es una importante fuente de ingresos para las Administraciones.
La producción hidroeléctrica está sometida al impuesto a la generación del 7% y al canon por utilización de aguas continentales que desde 2017 grava con un 25,5% la producción de las centrales con una potencia de al menos 50 MW.
