Dinero

Gobierno, PP y C’s salvarán a la banca de la devolución total del impuesto de las hipotecas

Argumentan que puede “llevarse por delante a la mitad del sector bancario”. Han trasladado al Supremo que incluirán en la Ley Hipotecaria que la retroactividad se limite a cuatro años

Tribunal Supremo.
photo_cameraTribunal Supremo.

El Gobierno se ha propuesto limitar la repercusión para Hacienda y para la banca de la sentencia definitiva del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. Ha hecho llegar a magistrados del Alto Tribunal que incluirá en la ley hipotecaria que la retroactividad se limite a los últimos cuatro años. Se ha entendido como un aviso a navegantes.

El pleno de la Sala Tercera del Supremo debe aclarar definitivamente el próximo 5 de noviembre quién tendrá que pagar a partir de ahora el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD).

Hace justo una semana, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictó en una sentencia que debe ser el banco, y no el cliente, el que abone ese concepto.

Sin embargo, todavía no hay una interpretación definitiva y clara sobre la retroactividad de esta decisión (es decir, si solo afecta a las hipotecas que están por firmar o también a las concedidas años atrás).

Los bancos defienden que, al no tratarse de una cláusula abusiva sino de la supresión de una ley, no cabe retroactividad. Por ello, consideran que sólo puede tener efectos generales desde el día en que sea publicado el fallo, es decir, desde entonces en adelante.

Pero la incertidumbre es máxima. No está claro si el conflicto se limitará a los últimos cuatro años con los que prescriben las reclamaciones a Hacienda o si trascenderá. La cuestión es relevante porque, dependiendo de la retroactividad, los bancos podrían verse obligados a provisionar parte de sus beneficios y reducir su rentabilidad.  

Retroactividad a los últimos cuatro años

Según ha podido confirmar Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, el Gobierno está dispuesto a intervenir y establecer en la nueva ley hipotecaria que la retroactividad del cobro del impuesto se limite a los últimos cuatro años.

Un plan del que ha informado expresamente al Supremo. De hecho, la intención del Ejecutivo es que el texto llegue a la Comisión de Economía del Congreso el próximo 6 de noviembre, justo un día después de que se conozca la sentencia definitiva del Supremo.

En Moncloa reconocen que el Gobierno no se ha planteado en ningún momento la no retroactividad. Ha tenido en consideración las reacciones negativas que podría provocar en Podemos, principal socio de Pedro Sánchez, cualquier “gesto” hacia la banca.

Pero el Ejecutivo sí ha encontrado la complicidad de PP y Ciudadanos. Comparten que la devolución del impuesto con 15 años de retroactividad puede “llevarse por delante a la mitad del sector bancario”, con un coste superior a los 18.000 millones de euros.

Limitar en 1.500 millones el coste para Hacienda

Así, según las fuentes consultadas por ECD, el Gobierno, PSOE y Ciudadanos fundamentarán su decisión en que ese escenario resultaría “peligroso” para las haciendas autonómicas, por las reclamaciones de devolución del impuesto, y también para el propio Poder Judicial por el colapso que supondría el aluvión de demandas.

Sin embargo, si la retroactividad solo afecta a los cuatro últimos años, el impacto económico ascendería a unos 6.000 millones de euros para el conjunto de la banca española. Algo duro (significaría incluso que algunas entidades pasarían a beneficio cero) pero asumible.

Esa situación, no obstante, también acabará afectando a Hacienda. La caída del beneficio de los bancos se traducirá en una menor recaudación para las comunidades autónomas por el impuesto de Sociedades. Sin embargo el impacto para las autonomías con la retroactividad limitada a los últimos cuatro años se vería rebajado a los 1.500 millones.

Tramitación urgente de la Ley Hipotecaria

Según las fuentes conocedoras de los trabajos, la tramitación parlamentaria de la Ley Hipotecaria ha entrado en su recta final. En las últimas dos semanas se han intensificado las negociaciones entre los distintos partidos.

En la nueva normativa, los gastos hipotecarios serán desglosados y repartidos por ley entre prestamistas y prestatarios. Ambas partes conocerán con antelación cuáles son sus derechos y obligaciones legales en materia de gastos antes de firmar el crédito, que contará así con una mayor seguridad jurídica.

El objetivo es acabar con la litigiosidad que sacude el mercado hipotecario desde hace más de cinco años.

Una vez se apruebe el texto de la Ley Hipotecaria en la Comisión de Economía, con los votos de PP, PSOE y C’s, el siguiente paso es someterlo a votación en el Pleno del Congreso, lo que el Ejecutivo prevé para mediados de noviembre.

Después de ser aprobado en Pleno, la ley se remitirá al Senado y, si no sufre modificaciones en la Cámara Alta -donde el PP cuenta con mayoría absoluta-, la nueva normativa podría entrar en vigor antes de final de año.

Según las fuentes consultadas, el Gobierno solicitará de nuevo la tramitación urgente de esta ley en el Senado, lo que reduciría de dos meses a veinte días el plazo máximo.

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