El PSOE promete ahora una autoridad contra abusos de la banca que prepara desde hace un año

El Ministerio de Economía iba a lanzarla tras la sentencia del Supremo por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que se aplica a las hipotecas

Pedro Sánchez presenta sus 35 compromisos sociales.
Pedro Sánchez presenta sus 35 compromisos sociales.

Pedro Sánchez ha presentado este lunes 7 de octubre las principales medidas del programa electoral con el que el PSOE se presenta a las elecciones generales del 10 de noviembre.

Entre las “35 compromisos sociales” se encuentran muchas de las ideas que Pedro Sánchez plantea desde hace años, que estableció como su programa de Gobierno en la moción de censura, que incluyó en el programa electoral del 28 de abril, pero que todavía no ha llevado a cabo, como la derogación de “los aspectos más lesivos de la reforma laboral” de la etapa de Mariano Rajoy.

Destaca también un proyecto que el Ministerio de Economía de Nadia Calviño prepara desde hace más de un año. Se trata de la “Creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero”:

 “Con el fin de garantizar un procedimiento eficiente para resolver los conflictos con el sector financiero y la adecuada protección de los ciudadanos, crearemos una autoridad administrativa de protección que reúna y refuerce las funciones de reclamación actuales en el ámbito de entidades de crédito, de inversión y seguros”.

Se trata del mismo organismo con el que, tal y como se contó en estas páginas, el Gobierno de Pedro Sánchez iba a dar respuesta a la polémica por la sentencia sobre quién (el cliente o el banco) debía correr con los gastos del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la firma de una hipoteca para comprar una vivienda.

Pese al plan de Economía, el proyecto de ley nunca llegó a ver la luz. Calviño anunció el pasado mes de febrero que trataría de ponerlo en marcha, pero eso no ha sucedido. Hay que tener en cuenta que desde entonces, el Gobierno ha permanecido en funciones, por lo que no se tramitan proyectos de ley.

El pasado mes de julio se volvió a hablar de un anteproyecto de ley sobre esa autoridad de protección del cliente financiero, pero todo avance está comprometido por la paralización de la actividad del Gobierno de España y de las Cortes Generales.

 

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