Dinero

Por qué las gasolineras se resisten a instalar puntos de recarga eléctricos

Un informe denuncia trabas administrativas, deficiente distribución territorial, problemas de mantenimiento...

El Ministerio para la Transición Ecológica -con el que este medio se ha puesto en contacto en varias ocasiones sin recibir respuesta- cree que es fundamental aumentar el número de vehículos que no necesitan combustible para circular. De hecho, el Marco Estratégico de Energía y Clima considera “la movilidad eléctrica como un eje clave para el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la penetración de energías renovables en el transporte”, y prevé alcanzar “una implantación de 5 millones de vehículos eléctricos en 2030”. El gran hándicap de este tipo de automóviles y motocicletas es su autonomía, y, consecuentemente, su recarga.

Para cumplir el propósito, el Ejecutivo de Pedro Sánchez promulgó a finales de 2021 el Real Decreto Ley 29/2021. Esta norma obliga a las estaciones de servicio que hayan vendido más de 10 millones de litros de gasolina y gasóleo en 2019 a instalar puntos de recarga ultrarrápidos -con una potencia igual o superior a 150 kW- antes del 22 de febrero. Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), ha asegurado a ECD que la legislación “bajo nuestro punto de vista no tiene ningún sentido”.

Además, el Confidencial Digital ha tenido acceso a un documento del sector que especifica las dificultades que encuentran las gasolineras a la hora de instalar y poner en funcionamiento este servicio. Los impedimentos hacen que algunas compañías “estén instalando aproximadamente 2 terminales de recarga al día, pero únicamente es posible poner en servicio al ciudadano unos 9 al mes”.

Las trabas administrativas, el gran problema

La instalación, desde una perspectiva técnica, de un punto de recarga rápido o ultrarrápido supone de dos a tres semanas de trabajo, pero el proceso completo desde que se decide realizar la inversión en esta infraestructura hasta que la misma está en funcionamiento puede dilatarse de uno a dos años.

El informe señala que “a nivel de licencias, los ayuntamientos y Comunidades Autónomas tienen normativas y/o criterios diversos, no siempre optimizados a la hora de autorizar la instalación de puntos de recarga, lo que complica los procesos de tramitación, y en ocasiones los retrasan”.

Además, en los permisos que dependen de la Dirección General de Carreteras del Estado (DGCT) “el trámite sigue siendo complicado y dificulta muchas operaciones. Esto es especialmente importante puesto que las instalaciones afectadas por la DGCT son aquellas de singular relevancia por su ubicación en los principales corredores de transporte del país”.

Aunque el RDL 29/2021 ha simplificado los trámites, únicamente lo logra “a nivel municipal”. De acuerdo con el Decreto y con el Ministerio para la Transición Ecológica, el 22 de febrero en torno a 200 gasolineras están obligadas a prestar servicio con puntos con recarga ultrarrápida, y si no se enfrentan a sanciones de entre 600.000 y 30 millones de euros. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) ha solicitado una “mayor proporcionalidad y racionalidad”, ante la “imposibilidad” técnica y material de poder alcanzar “los objetivos marcados por el Gobierno”.

Desde esta entidad aseguran que “España es el único país de la UE que ha decidido adelantar 2 años los requisitos mínimos establecidos por la Directiva europea de eficiencia energética”, y por eso proponen “un plazo transitorio mayor para la obligación de implantación de los puntos de recarga”.

Igualmente, la CEEES ha manifestado que la “Administración está enviando ahora quiénes son los sujetos obligados, y les está dando un plazo para presentar las alegaciones recogidas en la Ley. Todavía no se sabe si van a contestar o no, aunque entendemos que sí que lo harán”.

El director general de la patronal cree que “el desmadre normativo hace que cumplir las fechas sea muy complejo”, y apunta que “quien no lo tenga ya instalado difícilmente va a poder ejecutar los plazos”. A pesar de ello, muchas estaciones de servicio todavía no saben si finalmente van a tener que prestar el servicio, con la posible multa que acarrearía no hacerlo.

Por su parte, Repsol, la empresa líder en puntos de carga en España con 1.200 instalados, ha notificado a Confidencial Digital que “van a cumplir con los plazos” establecidos por el Gobierno. “La compañía cuenta además con un punto de recarga cada 50km”, han indicado.

 

Asimismo, Cepsa ha informado a ECD que antes de la entrada en vigor de la norma del Gobierno, la compañía “ya había iniciado el proceso de instalación masiva de cargadores ultrarrápidos, no solo en las estaciones de servicio que contempla el Real Decreto, que afecta a un porcentaje menor de nuestra red. Por parte de Cepsa, hemos llevado a cabo todos los trámites precisos y actualmente estamos pendientes del avance de los permisos administrativos, para cumplir con los plazos requeridos”.

La ubicación de los puntos de recarga

Además de las estaciones de servicio que deban cumplir con el plazo del 22 de febrero, cinco meses después, el 22 de agosto, las gasolineras que hubieran vendido en 2019 entre 5 y 10 mil litros de gasolina y gasóleo tienen la obligación de tener operativos puntos de recarga de 50 kW. El Gobierno calcula que las afectadas son alrededor de 600 gasolineras.

En el caso de que en una provincia, Ciudad Autónoma o isla no exista ninguna instalación de suministro cuyo volumen anual de ventas no sea superior a 5 millones de litros, quienes ostenten la titularidad de las instalaciones que, conjunta o individualmente alcancen al menos el 10% de las ventas anuales totales, deberán también un punto de recarga de al menos 50kW.

Respecto a este criterio de selección, Galp ha transmitido a ECD que “consideramos que se debería analizar en detalle, con el objetivo de reflexionar sobre las estaciones de servicio que están a menos de 50 km de las fronteras con Portugal y Francia (dónde no se mantiene esa ventaja competitiva de impuestos inferiores), así como aquellas estaciones en las que las ventas de combustible sean más de 1/3 de origen profesional (transportistas)”.

En la misma línea se ha manifestado Nacho Rabadán: “hay estaciones de servicio en las que repostan mayoritariamente camiones que se van a ver obligadas a tener un punto de recarga, lo cual no tiene ningún sentido. También va a haber muchos puntos en Junquera o Irún, mientras que la España rural se va a quedar desprovista. Es lo que pasa cuando se hacen las normas desde un despacho de Castellana sin tener en cuenta la realidad del país”.

Por su parte, Francisco Casas, socio fundador de emovili, ha expresado a Confidencial Digital que “estamos intentando hacer un mapa, abierto, que señale los puntos de recarga más cercanos y que recoja la red de gasolineras que cubren este servicio.

El informe del sector al que ha tenido acceso ECD dictamina que “los puntos de recarga deben estar localizados en emplazamientos que aseguren el despliegue inteligente de la red en ubicaciones estratégicas (por ejemplo, los principales corredores de transporte nacionales), asegurando así que cuentan con un espacio reservado para la recarga eléctrica accesible las 24 horas”.

Además, añade que “no se puede permitir que los puntos de recarga no funcionen correctamente (que el usuario, por ejemplo, llegue a un punto de recarga y que no esté operativo), que no estén impecablemente mantenidos, o que el operador de dicha red no tenga capacidad para poder monitorizar dicha infraestructura”.

Precio y beneficiarios

La CEEES ha comentado a ECD que un punto de recarga rápida de 50kW, cuesta, al menos, 55.000 euros, que se dividen en 30.000 el cargador, 10.000 la obra civil, 10.000 el proyecto -en el que se incluyen los permisos y las licencias- y 5.000 el software. Este precio se incrementa cuantiosamente en el caso de un punto 150 kW, en el que cargador simplemente cuesta 55.000 euros.

Sobre ello, el director general de la patronal asegura que: “los puntos de carga están lejos de ser rentables. El espacio es limitado y muy caro, y eso hace difícil que los empresarios los instalen si no están obligados. Deberían estar financiados al 100%, porque al final el 99,5% de lo vendemos las estaciones de servicio es gasolina y diésel. No estamos en contra de los puntos de recarga, siempre que sean rentables, o nos ayuden para que sean rentables”.

Por su parte, desde emovili han señalado a Confidencial Digital que cuando los puntos de recarga se instalan en las gasolineras hay 3 tipos diferentes de beneficiarios. En primer lugar, privados, el supuesto menos común, que se da cuando el propietario hace él mismo la inversión. Además, está el caso en el que la empresa eléctrica es el beneficiario; o el modelo mixto, en el que el dueño de la estación de servicio recibe entre un 4% y un 8%.

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