La rebaja del 40% en la factura eléctrica no funciona por las trabas burocráticas de los ayuntamientos

Las comercializadoras de electricidad denuncian las “trabas burocráticas” a las que se enfrentan los solicitantes del bono social eléctrico y que están llevando a muchos de ellos a desistir de continuar con los trámites, lo que deja fuera a consumidores vulnerables de las rebajas que proclama el Gobierno de hasta el 40% en la factura.

Según explican a Confidencial Digital en varias comercializadoras, sus empleados están atendiendo un aluvión de consultas, debido a que el bono social se prorrogó automáticamente hasta septiembre por la pandemia para aquellos consumidores a los que les venció la vigencia durante el estado de alarma.

En cambio, el resto de clientes vulnerables debe renovarlo cuando vence y advierten de que “los ayuntamientos reclaman mucha documentación a los solicitantes que puede consultar directamente la Administración”.

Burocracia excesiva

Denuncian que los afectados deben enfrentarse a una “burocracia excesiva -y aumentada a veces-, precisamente en agosto, porque así muchos que tienen derecho se desaniman y no lo piden”.

Citan como ejemplos de esta “burocracia excesiva” los casos de personas que tienen limitaciones severas de salud y se les pide la misma documentación al renovarlo que al solicitarlo por primera vez.

Demoras de un mes

Explican además que se solicita el empadronamiento actualizado y se producen situaciones en las que los ayuntamientos no dan cita al vecino hasta más de un mes después.

Se pide certificación de la hoja individual en el Registro Civil. Los trabajadores denuncian “casos de escándalo”: personas encamadas que, previamente, han de solicitar al médico de cabecera la fe de vida, pues no pueden desplazarse hasta el Registro.

Rebaja de hasta el 40%

El bono social eléctrico se divide en tres tipos de consumidor, por un lado los vulnerables, por otro vulnerable severo y, por último, en riesgo de exclusión. En función de sus ingresos y de las características de la unidad familiar le será concedido un descuento u otro en la factura.

Reconoce el derecho de determinados colectivos, (pensionistas, personas con discapacidad, perceptores de rentas mínimas o familias numerosas, entre otros) a ser beneficiarios de descuentos del 25% o 40% en su factura mensual de electricidad.

En el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, se subvenciona el 100% de su recibo.

Financiado por las eléctricas

La normativa del bono social establece que su financiación corre a cargo de todas las comercializadoras eléctricas, por lo que la CNMC calcula el porcentaje asignado a las distintas compañías, que suman casi 300 sociedades.

Así, los cinco grupos con mayor número de consumidores (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Repsol) deberán asumir ese algo más del 91,5% de la financiación del bono social, mientras que en torno al 8,5% restante corresponderá a los otros grupos y sociedades con actividades de comercialización eléctrica.