Sáenz de Santamaría, asesora en el pleito contra el Santander en Europa por el Popular

El bufete Cuatrecasas ha encontrado una tarea en la que Soraya Sáenz de Santamaría puede ayudar a uno de sus clientes, el Banco Santander, a resolver uno de los mayores problemas judiciales a los que se enfrenta la entidad que preside Ana Botín en los próximos años: los pleitos que ha heredado por la desaparición del Banco Popular.

Dos años después de que el Popular fuera intervenido por Europa, y vendido por un euro al Santander, todavía existen muchas dudas sobre el procedimiento de su resolución.

Queda abierto un extenso abanico de contingencias, por la responsabilidad de lo acontecido en el banco con los 300.000 accionistas y bonistas que perdieron su dinero a raíz de esta actuación.

El próximo 4 de julio está previsto que el Santander y la Abogacía del Estado presenten ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sus escritos, en los que defenderán que la resolución del Banco Popular, de la que el pasado 7 de junio se cumplieron dos años, se efectuó de acuerdo a la ley y, por lo tanto, ajustada a derecho.

Cuatrecasas cuenta con Soraya

Tras la moción de censura y el cese del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría se incorporó hace tres meses al bufete Cuatrecasas.

Según ha podido saber Confidencial Digital, por fuentes próximas a la ex vicepresidenta, el despacho cuenta con Sáenz de Santamaría para resolver determinadas cuestiones que afectan a la defensa judicial del Santander en la batalla que todavía libra en Europa con los accionistas, heredada por la absorción del Popular.

Miles de afectados del banco rescatado han interpuesto recursos en Luxemburgo ante el Tribunal de Justicia de la UE. Defienden que el Popular era solvente y que se lo llevó por delante un problema de liquidez provocado, entre otros factores, por las filtraciones de la Junta Única de Resolución (SRB, el FROB europeo).

Las retiradas de fondos

Una de las reclamaciones más destacadas ha sido presentada por el bufete B. Cremades & Asociados, que reclama que se investigue a fondo por qué y cómo se produjo la retirada de depósitos “por parte de las administraciones públicas españolas, y la negativa del Banco de España a conceder liquidez de emergencia (mientras que otras administraciones continuaban retirando sus depósitos)”.

Por ello, pidieron la declaración como testigos de cinco altos cargos españoles: Luis de Guindos, ministro de Economía; Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno; Luis María Linde y Javier Alonso, gobernador y subgobernador del Banco de España, respectivamente; y Jaime Ponce, presidente del FROB.

“El problema de liquidez fue causado por las filtraciones de las instituciones europeas, las cuales desataron un pánico generalizado que llevó a Banco Popular a una espiral de caos en la que su acción se desplomó y los clientes retiraron masivamente sus depósitos”, argumentan los demandantes.

Un trabajo anterior

Dentro de Cuatrecasas, Soraya Sáenz de Santamaría coordina, en el departamento de Corporate Governance y Compliance, un equipo transversal y multidisciplinar integrado por expertos en asesorar a las empresas, desde todos los enfoques legales posibles, sobre cumplimiento normativo y gestión de riesgos.

Este departamento cuenta con especialistas en derecho societario, civil, penal, laboral y fiscal, entre otras especialidades.

Fuentes del Santander aseguran a ECD que la entidad trabaja con distintos bufetes de abogados y, en todo caso, la colaboración de Cuatrecasas con el banco es anterior a la incorporación de Soraya Sáenz de Santamaría.

Conoce el detalle de la resolución del Popular

Según las fuentes consultadas por ECD, en la dirección del Santander y en Cuatrecasas no se pasa por alto que, con el Popular, era la primera vez en Europa que se intervenía y se expropiaba un banco a todos sus accionistas, aplicando las nuevas normativas de la UE sobre resoluciones de entidades financieras con problemas.

Soraya Sáenz de Santamaría y el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, jugaron un papel fundamental en esta crisis, por lo que la ex vicepresidenta conoce los detalles de la operación que desembocó en la resolución del banco.

Protagonizaron las negociaciones al más alto nivel con las autoridades económicas europeas para realizar una intervención pública muy rápida, ante el riesgo de colapso y de que el Popular no pudiera atender al día siguiente las retiradas masivas de dinero de sus clientes, por el pánico generalizado que se desató y que llevó a la entidad a una espiral de caos en la que su acción se desplomó.

El Santander no tiene responsabilidad penal

Además, se mantiene abierto un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, en el que el Santander ha sido desimputado.

La Sala de lo Penal ha concluido que solo por haber absorbido al Popular no tiene ninguna responsabilidad penal como consecuencia de los hechos que se investigan.

Entre los investigados sí se encuentran los ex presidentes de Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, así como alrededor de una treintena de nombres vinculados a la entidad.

Sáenz de Santamaría era clienta del Popular

Hay que destacar que, antes de ser adquirido por el Santander, el Popular contaba con una nómina de clientes dedicados a la política. Una de las relaciones con la entidad que más destacaba era la de Soraya Sáenz de Santamaría.

En 2002, cuando ya trabajaba para el PP como asesora jurídica del partido y no tenía ningún cargo público, firmó una hipoteca con la entidad de 214.050,46 euros para adquirir un apartamento en Madrid.

De ese crédito, Sáenz de Santamaría aún tenía, a fecha de julio de 2016, un saldo pendiente de 130.753,02, que ha pasado a depender del Santander.

Más tarde, en 2006, cuando ya era diputada firmó otra hipoteca con la entidad presidida por Ana Botín para adquirir la vivienda de Madrid donde reside en la actualidad junto a su marido y su hijo.

Se especuló con su fichaje por el Santander

Hay que recordar también que, tras fracasar hace un año en las primarias del PP frente a Pablo Casado, la prensa económica apuntó la posibilidad de que la ex vicepresidenta se incorporase al Banco Santander.

Se destacó que, en ese caso, no se trataría de pasar a una actividad financiera, porque las incompatibilidades propias del cargo de número dos del Gobierno y la presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos no se lo permitirían. Pero sí de ocupar una ubicación en un área social centrada en la defensa de los derechos de la mujer en la entidad que preside Ana Botín.

Esa posibilidad era real y, además, la entrada de abogados del Estado en los últimos años en el Santander era un factor que se destacaba a su favor.