La salida de la CNMC del marido de la vicepresidenta Ribera se produce tras un tirón de orejas de Bruselas
Mariano Bacigalupo quedó en minoría en la agencia europea de reguladores en la defensa de la ‘excepción ibérica’ para el gas tras destaparse la relación con su esposa. Ni le apoyó Portugal
El revuelo se desató en Bruselas tras conocerse hace unos meses el nombre del enviado por España para defender el tope al gas: el representante de la CNMC en el consejo de ACER era Mariano Bacigalupo, marido de Teresa Ribera. Un tirón de orejas que ha provocado ahora su salida de Competencia y que se le haya recolocado en la CNMV.
No se pasa por alto que el episodio agudiza la imagen de conflicto de interés en el matrimonio, pero ahora ya con dimensión internacional, por la presencia del marido de la vicepresidenta como representante de la CNMC, un organismo aparentemente independiente del Gobierno. Bacigalupo es consejero de la CNMC a propuesta del PSOE.
En contra de España
Ese conflicto de intereses jugó en contra de España, según las fuentes consultadas por Confidencial Digital.
Bacigalupo se quejó de que habían desaparecido del texto final contribuciones previas de la CNMC, y que no se tenía en cuenta la falta de interconexiones con la Península que es el argumento del Gobierno para defender la ‘excepción ibérica’.
El marido de la vicepresidenta quedó en minoría en la agencia europea, por lo que el informe solicitado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE salió adelante sin sus aportaciones.
El documento cuestiona medidas intervencionistas y avisa, en contra del criterio de Ribera, de que lo que falla en la UE no es el sistema, sino la coyuntura de altos precios del gas, porque los perjudicados ahora se beneficiaron de precios bajos en el año de la pandemia.
Resistencias
Así las cosas, Pedro Sánchez y Teresa Ribera se toparon con un foco de resistencia adicional: la Agencia de Cooperación de Reguladores de la Energía (ACER).
Es la agencia europea que aglutina a los supervisores sectoriales de los estados miembros, publicó un informe definitivo sobre el diseño actual del mercado mayorista de electricidad de la UE, y las conclusiones de ACER cayeron como un jarro de agua fría sobre la vicepresidenta tercera.
Defendía mantener el actual sistema de formación de precios en el mercado interior de electricidad, frente a eventuales reformas intervencionistas.
Por si fuera poco, la Autoridad da Concorrência (AdC), la CNMC portuguesa, trasladó también a ACER su oposición al tope al gas, a pesar de que el ejecutivo de Antonio Costa se había alineado con Moncloa para sacar adelante la ‘excepción ibérica’.
Ayuda de la CNMC
ECD ha podido saber también que la vicepresidenta Ribera tuvo que pedir auxilio a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con el fin de resolver los “detalles técnicos” del tope al gas.
No le quedó más remedio que llamar a la puerta del supervisor, ante la complejidad técnica que implicaba el desarrollo de la “excepción ibérica”. Dentro de la CNMC, este trabajo de asesoramiento se desarrolló con la máxima confidencialidad. Los técnicos volcados en esta tarea fueron estratégicamente seleccionados.
La cuestión se limitó a la Dirección de Energía, que encabeza María Jesús Martín Martínez, con más de dos décadas de experiencia en la autoridad reguladora. Ribera impuso a los técnicos de la CNMC silencio absoluto en todo lo referente al citado borrador, la misma política que estaba siguiendo en el Ministerio de Transición Ecológica.
Dos meses de retraso
Hay que recordar que Pedro Sánchez defendió en persona la llamada ‘excepción ibérica’, para topar el precio del gas en la generación de electricidad, calificando el sistema europeo de fijación de precios de la energía de “trasnochado e injusto”.
El 25 de marzo, el Consejo Europeo admitió la “excepción ibérica”, y ese mismo día el presidente del Gobierno anunció que entraría en vigor en un mes. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también insistió entonces en que estaría listo “en tres o cuatro semanas”.
No ha ocurrido así. El Gobierno estuvo más de dos meses sin aclarar cuando sería aplicable la medida, tras haber sido ‘vendida’ por Moncloa como un “éxito” a raíz de Consejo Europeo de marzo.
