Sandías y melones con semilla nacional cultivados en Senegal abastecen la demanda en España fuera de temporada
Se siembran en terrenos con pH similar para que el producto se asemeje al que se consume en la península
Con la llegada del calor y de las altas temperaturas, a la gran mayoría se le viene a la cabeza una sandía para combatir el calor y la sed.
El problema surge cuando estas altas temperaturas se adelantan a la época estival y los consumidores empiezan a demandar este producto, pero el fruto nacional no está disponible hasta la llegada del verano. La solución ya normalizada por la población es importar sandías y melones de otros países.
La novedad de este asunto es que cada vez más empresas españolas especializadas en estos cultivos apuestan por instalarse en terrenos de Senegal para sembrar sandías y melones con simientes españolas.
Además de la semilla, los agricultores buscan tierras que tengan un tipo de pH similar al de España para que de esta forma, tanto las sandías como los melones, tengan un sabor y una calidad lo más parecido posible al producto nacional en épocas en las que en España no se dan la condiciones meteorológicas para su cultivo.
Esto es lo que se conoce como contraestación, adelantar las campañas de consumo de un producto, en este caso de sandías y melones, aprovechando las diferencias estacionarias de otros países.
A pesar de la procedencia de la semilla, dichos productos son tipificados como importación y así debe quedar reflejado en la etiqueta de cada sandía y melón o en el cartel informativo del producto presente sobre todo en los supermercados y grandes superficies.
Costes de producción más bajos
Aunque las sandías que se cultivan en Senegal hay que transportarlas hasta España con los gastos que el propio desplazamiento conlleva, desde COAG -Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos- aseguran a ECD que los costes de producción son menores que en España.
Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, enumera tres razones concretas: los salarios, las normativas medioambientales y la regulación de los productos fitosanitarios.
Algunos de los empleados que trabajan en los terrenos senegaleses son españoles, pero una gran parte de estos son de allí. De esta forma se genera economía local y puestos de trabajo, indican desde Mercamadrid. Asimismo, Andrés también añade que las condiciones económicas de dicho país permiten que los salarios sean más bajos que en España.
En la Unión Europea existe una estricta normativa medioambiental para proteger el suelo que vigila todo el proceso de producción de cualquier tipo de alimento, mientras que fuera de esta las restricciones medioambientales no existen o son muy livianas.
Además, según apunta el responsable de frutas y hortalizas como tercer motivo del bajo coste es la regulación europea de los productos fitosanitarios. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los define como “mezclas químicas que contienen una o varias sustancias activas y otros ingredientes, y cuyo objetivo es proteger los vegetales y sus productos de organismos nocivos”.
También indica que a pesar de que estos productos “contribuyen a aumentar los rendimientos en la agricultura y ayudan a asegurar una buena calidad en los alimentos”, “su utilización puede entrañar riesgos para los seres humanos, animales y el medio ambiente”.
Esto significa que la UE prohíbe utilizar determinados productos fitosanitarios mientras que en el caso de Senegal sí se pueden utilizar. “Esto facilita el cultivo y la cantidad de producción que se saca adelante”, argumenta Andrés.
La consecuencia directa de tener bajos costes de producción es el precio al que pueden vender dicho producto. “Los precios se ajustan a la ley de oferta y demanda. Cuando hay mucha oferta y poca demanda ellos pueden presionar más en el precio y vender más barato que el producto nacional sin asumir pérdidas”, explica el miembro de la COAG.
El regateo de precios es el funcionamiento principal en los mercados mayoristas como Mercamadrid por lo que si ciertos vendedores bajan el precio de sus productos, el resto debe ajustarlos también para ganar el mayor número de clientes posible.
Malestar entre los agricultores nacionales
Además de la diferencia en los costes de producción, desde COAG expresan el descontento que tienen con los certificados de calidad. Antes de que las frutas y verduras lleguen a las estanterías y cajas de las fruterías, mercados y grandes superficies estos productos han pasado por varios controles de calidad.
El objetivo es garantizar que los alimentos que consume el cliente estén y hayan estado en perfecto estado durante toda la cadena de valor. Para ello, los laboratorios autorizados controlan la trazabilidad y calidad de los productos en todas y cada una de las etapas de la producción, la sostenibilidad, la actuación de acuerdo a la normativa medioambiental y la preservación de los derechos laborales de los trabajadores.
AENOR, Globalgap GRASP, ISO son algunos de los certificados que conceden los laboratorios a los productos que superan los análisis de calidad. En función del tipo de certificado analizan uno u otro asunto (productos utilizados, buenas prácticas laborales, respecto con el medio ambiente…).
La queja que presentan los agricultores nacionales es que para adquirir dichos certificados no sólo basta con presentar el producto final sino que los controles son constantes durante toda la cadena de valor. Sin embargo, en las importaciones sólo se analiza el fruto y no se analiza si cumplen o no con las normativas europeas durante el resto de etapas de la producción.
“Estamos viendo que en países extranjeros sí que utilizan productos fitosanitarios que aquí están prohibidos, pero cuando la mercancía llega a España estas sustancias han desaparecido en la mayoría de los casos y las certificadoras dan el visto bueno”, argumenta el responsable de frutas y hortalizas de la COAG.
