Revuelo en las grandes empresas tras conocerse que el decreto que acaba de eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público mantiene que se pueda seguir obligando a los empleados a llevarla en los lugares de trabajo, cuando ha quedado prácticamente limitada a los centros sanitarios.
Aunque en el entorno laboral, con carácter general, no resultará preceptivo el uso de mascarillas, las empresas que decidan mantener el uso de la mascarilla podrán obligar a sus trabajadores a llevarlas.
Y no podrán negarse, salvo que haya justificación médica, lo que ha comenzado a movilizar a los sindicatos en varias grandes compañías, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes sindicales conocedoras de los movimientos.
El nuevo texto legal mantiene el derecho de las empresas a exigirle a sus trabajadores llevar la mascarilla puesta si así lo considera.
“Los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios de los centros de trabajo, incluido el posible uso de mascarillas», se recoge en el Real Decreto.
Prevalecen los derechos laborales
La normativa hace prevalecer la legislación de derechos laborales por encima de una supuesta apelación a la libertad individual.
Fija un escenario en el que la mascarilla deja de ser obligatoria, pero con una serie de excepciones que deberán cumplirse, entre ellas, la posibilidad de que una compañía quiera mantenerla. Por eso, en las empresas que decidan mantener este elemento de protección, los trabajadores no se podrán negar a utilizarlas.
Esto es, si el departamento de riesgos laborales juzga adecuado establecer la obligatoriedad de las mascarillas por ciertas razones, objetivas y proporcionadas, el trabajador debe cumplir esas normas como parte de sus obligaciones laborales.
Con las mascarillas, se produce un choque entre el derecho a no llevarla y el derecho a la salud pública. Pero si el departamento de riesgos laborales fundamenta su decisión en los criterios establecidos por el decreto, puede obligar a sus trabajadores a utilizarla, apelando incluso a la libertad de empresa.
