La presidencia de Puigdemont desde Bélgica, amenazada

La crisis del coronavirus está obligando a que reuniones del Consejo de Ministros y plenos del Congreso de los Diputados se celebren de forma telemática. Para que los alcaldes y concejales puedan hacer lo mismo, el Gobierno ha incluido en un decreto-ley una disposición que facilita que en los ayuntamientos se puedan “celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos”.

En el entorno de Carles Puigdemont, que desde hace años pelea por ser investido presidente de la Generalitat pese a estar huido en Bélgica, no ha pasado inadvertida la condición que se ha introducido en este texto. A saber: “Siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad”. Este cambio legal sólo afecta a los alcaldes y concejales, pero personas cercanas al ex presidente catalán lo ve como un aviso a navegantes: un avance de posibles reformas futuras que cierren más aún la puerta a que, como pretende, Puigdemont pueda ejercer de presidente del Govern de la Generalitat desde Waterloo, a 1.300 kilómetros de Barcelona