El Chivato

Ana Botín salió contenta de su paso por el juzgado

Ana Botín.
photo_camera Ana Botín.

La presidenta del Santander, Ana Botín, tuvo que acudir este miércoles al juzgado de primera instancia número 46 de Madrid para aclarar su participación en el fichaje frustrado del banquero italiano, Andrea Orcel, que reclama 112 millones de euros al banco

El Santander daba por hecho que el ex directivo de UBS iba a forzar la declaración de su presidenta, por lo que no puso objeciones a la misma en la vista previa.

Esta batalla llega por la demanda de Orcel, que reclama el cumplimiento del contrato o el pago de hasta 112 millones. El Banco Santander se negó a admitir estas pretensiones, defendiendo que solo pactó con el ejecutivo una carta oferta cuyas condiciones no llegaron a cumplirse por desacuerdos en la remuneración.

La estrategia del Santander pasa por esquivar al máximo el daño reputacional y centrar el proceso en el debate jurídico de si una carta oferta puede ser considerada contrato. Pero Botín no ha podido evitar la llamada ‘pena de banquillo’, con la foto del paseíllo en sede judicial.

Pese a ello, El Chivato ha podido escuchar en ámbitos del banco que Botín ha salido contenta de su paso por el juzgado, que siempre supone un mal trago para la imagen de la máxima responsable de uno de los principales grupos financieros del país.

Tras su declaración, concluyó que al menos había quedado clara la posición de la entidad y se vio desenvuelta en las explicaciones que aportó. En el entorno de la presidenta del Santander aseguran, además, que el juez dio signos de querer centrarse en el debate sobre el contrato.

Ana Botín entiende que ahí su contestación fue implacable: nunca hubo contrato, sino simplemente una carta-oferta o un precontrato. Nada más.

Además, la pretensión del juez es que el proceso se dirima con cierta celeridad, lo que reduciría el posible daño reputacional para el Santander derivado de los titulares en la prensa sobre un asunto judicial.

No obstante, fuentes jurídicas apuntan que resulta bastante probable que el caso acabe derivando a la Audiencia Provincial de Madrid, por lo que es previsible que no haya una sentencia firme antes de 2022.

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