El caso de los casquillos de bala a un concejal de Castellón que no se ha resuelto un año después
La Policía Nacional arrestó este miércoles a un hombre de 74 años y nacionalidad española en Miranda de Ebro (Burgos) como presunto responsable del envío de cartas con material pirotécnico al Complejo de la Moncloa, al Ministerio de Defensa, a la base aérea de Torrejón de Ardoz, a las embajadas de Ucrania (donde hubo un herido) y de Estados Unidos en Madrid... entre finales de noviembre y principios de diciembre.
De la investigación de este suceso se publicó al principio que las cartas se habían enviado desde Valladolid, y no se supo más. Hace unos días, The New York Times publicó que servicios de inteligencia occidentales sospechaban que detrás de esa campaña de cartas explosivas podrían estar miembros de un colectivo ultranacionalista, Movimiento Imperial Ruso, manejados a su vez por el GRU, la inteligencia militar rusa.
En este caso se ha llegado a una detención, caso distinto que con las cartas con balas que se dirigieron a Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil e Isabel Díaz Ayuso en la primavera de 2021. Sí se arrestó al hombre que envió una navaja con pintura roja a Reyes Maroto, pero no al responsable o los responsables de las otras misivas amenazantes.
Del caso que tampoco ha habido novedades es otro incidente de amenazas con munición contra un cargo público. Sucedió en Caudiel, un municipio de la provincia de Castellón con 674 habitantes. Una mañana de mayo de 2021, un concejal de Compromís, Thomas Laimgruber, se encontró a la entrada de su huerto lo que parecían tres casquillos de revólver del calibre 38.
El Chivato ha comprobado que en fechas recientes el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado respuesta a varias preguntas de Carles Mulet, senador de Compromís, sobre ese suceso. Mulet lamentaba que a pesar del tiempo transcurrido desde mayo de 2021 “no se ha informado nunca a las personas denunciantes de ningún avance en la supuesta investigación”.
El Ejecutivo contestó por escrito el 29 de diciembre: explicó que “la Subdelegación del Gobierno en Castellón tuvo conocimiento del hecho al que se refiere la pregunta y, tras haberse presentado denuncia por los perjudicados, se instruyeron las diligencias de investigación que fueron trasladas al Juzgado de Segorbe (Castellón), por ser el competente”.
Más recientemente, el 19 de enero, dio una respuesta algo más detallada. Informó que “por los hechos expuestos, fueron instruidas las Diligencias Policiales con número 2021-2354-293, del Puesto de la Guardia Civil de Viver (Castellón), y con número 2021-6260-108, del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana (Castellón)”.
Estos dos atestados policiales “fueron entregados en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Único de Segorbe (Castellón) y dicho órgano judicial procedió a la incoación de las Diligencias Previas 337/21”. Pero el Gobierno no dio más datos de avances en la investigación desde que en 2021 se incoaron esas diligencias judiciales.
A las preguntas del senador de Compromís, el Ejecutivo sí respondió que “en la localidad de Caudiel”, donde se produjeron los hechos, “no consta ningún vecino con licencia de armas que ampare la tenencia lícita de armas que pudiesen emplear munición del calibre 38”.
