Una ex diputada regional pierde la batalla por cobrar una pensión de la Asamblea de Madrid
La Mesa de la Asamblea de Madrid se reunió el 27 de febrero y, entre otras decisiones, tomó conocimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimando el recurso contencioso-administrativo que interpuso una ex diputada autonómica “contra el Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de 13 de septiembre de 2021, por el que se deniega a la actora el complemento de pensión de jubilación solicitado”.
La recurrente fue diputada de la Asamblea de Madrid durante las Xª y la XIª legislatura, es decir, desde 2011 hasta mayo de 2019. En la XIª legislatura (2015-2019) se dedicó ya en exclusiva a su condición de diputada.
Antes de esos ocho años en la política, “la práctica totalidad de su carrera profesional la había desarrollado en el campo del protocolo institucional”. Se especializó en la realización y organización de actos y eventos, y desarrolló sus funciones “en diferentes niveles de la Administración, como son el Ayuntamiento de Madrid; el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; la Portavocía de la Presidencia del Gobierno y la propia Comunidad”.
Al dejar de ser diputada en mayo de 2019, trató de reincorporarse a su profesión como experta en protocolo institucional. No lo consiguió de forma inmediata y, según alegó, “con la llegada de la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias de todo tipo, devino de todo punto resultado imposible, al bloquearse cualquier actividad de ese género”.
Esta situación le generó “graves perjuicios económicos”, al no poder trabajar y, por tanto, no percibir ingresos desde el mes de junio de 2019. Tampoco podía recibir prestación por desempleo, al haber correspondido el último periodo trabajado con su dedicación exclusiva como diputada de la Asamblea de Madrid, circunstancia que no da derecho a paro. Se vio atrapada “en una situación insostenible”.
En abril de 2021, “ante la falta de ingreso alguno y cotización durante los dos años anteriores, que le había situado en un estado de precariedad, al cumplir la edad establecida para ello, se vio obligada a solicitar su pensión de jubilación”.
De nuevo tuvo un contratiempo: al serle imposible su reincorporación a la vida laboral y cotizar de nuevo, para ver compensado el período prestado como servidora pública en la Comunidad, el importe definitivo de la pensión se vio reducido, “sensiblemente mermado”, al no haber cotizado durante los dos últimos años.
La ex diputada solicitó, el 7 de julio de 2021, que la Asamblea de Madrid le concediera un complemento de la pensión. Pretendía acogerse a una decisión de 2001 del parlamento regional que acordó “establecer que, con cargo al Presupuesto de la Asamblea de Madrid, pueda resultar complementada la pensión pública de jubilación de aquellos Diputados y Diputadas que lo hayan sido en dos legislaturas, hasta el límite máximo que para dichas pensiones fija la correspondiente norma anual presupuestaria”.
