El Gobierno defiende a Largo Caballero: no se le aplicará la Ley de Memoria Histórica

Estatua de Francisco Largo Caballero en Nuevos Ministerios (Madrid).
Estatua de Francisco Largo Caballero en Nuevos Ministerios (Madrid).

Al amparo de la conocida como Ley de Memoria Histórica se han retirado en los últimos años monumentos relacionados con la dictadura franquista, se han cambiado nombres de calles, incluso se han sacado del Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco para evitar exaltación de su régimen.

Uno de los puntos más controvertidos de la ley, de los que más efectos ha producido, es el artículo 15.1 que establece que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha propuesto cumplir la ley con mayor celo, pero El Chivato ha podido comprobar que no se plantea aplicar este artículo a determinados elementos que exaltan a uno de los protagonistas de la Guerra Civil, pero en esta ocasión, del bando republicano.

Un diputado de Vox en el Congreso, Francisco José Contreras Peláez, ha preguntado por escrito al Gobierno de España si la Ley de Memoria Histórica, y sobre todo ese artículo 15.1, “se aplica solo a las figuras del bando nacional” y si no debería aplicar también “a las figuras del bando republicano implicadas en crímenes y atropellos”.

Citaba concretamente a Francisco Largo Caballero, presidente del Gobierno republicano entre el 4 de septiembre de 1936 y el 17 de mayo de 1937, período en el que se llevaron a cabo fusilamientos y matanzas en zona republicana.

Vox quería saber si, por ejemplo, el Gobierno iba a instar a los ayuntamientos de Madrid, Almería, Linares y Leganés a borrar el nombre de Largo Caballero del callejero, o si pediría al consistorio de la capital de España que retire la estatua del dirigente socialista (presidente del PSOE entre 1932 y 1935) que hay junto al recinto de Nuevos Ministerios por su etapa como ministro de Trabajo.

La respuesta del Gobierno PSOE-Podemos ha sido contundente: no, no se va a retirar esa estatua. Y explica por qué considera que a este presidente del Gobierno de la Segunda República durante la Guerra Civil no se le puede aplicar la Ley de Memoria Histórica.

“Se recuerda que D. Francisco Largo Caballero fue diputado en Cortes, Ministro de Trabajo y legítimo Presidente del Gobierno con arreglo a una Constitución democrática como fue la de la II República”, señala el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además, “tras la finalización de la Guerra Civil española, exiliado en Francia, fue detenido por la Gestapo y deportado a un campo de concentración nazi hasta el final de la II Guerra Mundial, tras la derrota del nazismo y el fascismo en Europa”.

 

Por todo ello, concluye el Gobierno de España, “no se alcanza a comprender” que la estatua de Largo Caballero “frente al Ministerio que dirigió, poniendo en marcha medidas laborales que hoy se consagran en nuestra Constitución vigente, puedan considerarse un elogio o enaltecimiento de un golpe de estado que provocó una guerra fratricida, que le correspondió enfrentar desde la legalidad institucional democrática constituida”.

Vox planteó la misma pregunta sobre Lluís Companys, y también en este caso el Gobierno defiende la figura del presidente de la Generalitat de Cataluña en la Segunda República y la Guerra Civil: “Se recuerda que D. Lluís Companys i Jover era el legítimo Presidente de la Generalidad de Cataluña y que tras la finalización de la Guerra Civil, exiliado en Francia, fue capturado por la Gestapo en connivencia con las autoridades franquistas, sometido a consejo de guerra, condenado a muerte, en un juicio sumarísimo sin las debidas garantías, y fusilado”.

Además indica que el Congreso y el Consejo de Ministros han aprobado declaraciones de reparación de la figura de Companys frente a las sentencias que condujeron a su ejecución por la dictadura, por lo que tampoco considera que quepa quitarle calles ni estatuas que tiene en Cataluña.

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