La historia del guardia civil condenado a pagar 200.000 euros por una muerte accidental

Los hechos ocurrieron en 2003. G.Q.P., agente de la Guardia Civil, se encontraba de servicio y fue alertado de la comisión de un delito de robo con intimidación y uso de arma de fuego en una estación de servicio. Allí se dirigió junto a su compañero de patrulla, detectando un vehículo sospechoso con dos ocupantes.

Según se recoge en el atestado, al proceder a la identificación, se produjo un forcejeo y el arma del agente se disparó, ocasionando la muerte de uno de los sospechosos. A posteriori se supo que ni la víctima, ni su acompañante, tenían relación alguna con el atraco y que su actitud recelosa se había debido a que acababan de consumir una dosis de cocaína. Fue entonces cuando comenzó el calvario de G.Q.P.

El benemérito fue procesado y juzgado como autor de una falta de imprudencia leve con resultado de muerte, según sentenció la Audiencia provincial de Valencia. Los recursos tanto del Ministerio Fiscal, como de la acusación particular, dieron sus frutos y el acusado fue juzgado finalmente por un delito de imprudencia grave y profesional con resultado de muerte y terminó condenado a un año de prisión con la pena accesoria de inhabilitación especial. El tribunal le impuso el pago de las costas, así como una indemnización a los familiares del fallecido de 195.000 € (Sala Segunda del Tribunal Supremo, sentencia nº 181/2009).

La dirección general de la Guardia Civil, como responsable civil subsidiaria, se hizo cargo de las indemnizaciones y las multas pero, conforme a la legislación vigente, no procedía el abono de las costas procesales: 23.253 euros.

Tras varios problemas con la notificación de las ejecutorias, G.Q.P. se encontró con que el juzgado le exigía que tenía que pagar en 15 días lo que debía. Si no lo había, se le advertía que se iniciaría la vía de apremio contra sus bienes, es decir, le embargarían su vivienda. Era el mes de febrero de este año.

El agente se encuentra retirado y pagando una hipoteca. Sus tres hijos también tienen dificultades, por lo que la Guardia Civil se puso en movimiento para conseguir recaudar los más de 23.000 euros. Desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) se hizo un llamamiento a todos los miembros del cuerpo, sean afiliados o no.

Al final, lo que empezó siendo en un caso dramático, ha terminado de una manera feliz, demostrando la solidaridad de los miembros del Instituto Armado.

Le cuentan a El Chivato que, en total, se han recibido 214 aportaciones, 21 de ellas son anónimas, 182 corresponden a personas físicas que se han identificado con su nombre y dos apellidos y, a veces, con el empleo, y 11 corresponden a Unidades.

Cabe destacar la aportación de la Comandancia de Burgos, afectada por uno de los últimos atentados de ETA. O la del Grupo de Acción Rápida (GAR) de Guipúzcoa, que es la Unidad que ha hecho la aportación más cuantiosa.

 

Al final, el guardia pudo pagar su condena gracias a las donaciones desinteresadas de sus compañeros.

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