Un profesor de escuela es más autoridad que un funcionario de prisiones
En la pasada legislatura, maestros, médicos y vigilantes de seguridad consiguieron, mediante varias reformas legislativas, ser considerados “autoridad pública”. Una distinción que hasta entonces solo poseían policías y guardias civiles, y cuyo reconocimiento implica que, si alguno de ellos es atacado física o verbalmente, el autor de esa agresión se arriesga a penas más elevadas, incluida la cárcel.
Pues bien. Según le cuentan a El Chivato, los funcionarios de prisiones se han quedado a las puertas de pasar, ellos también, a ser reconocidos bajo esa cobertura legal. El PP, a través de su ex portavoz de Interior en el Congreso, Conrado Escobar, se lo prometió hace meses, pero el compromiso ha quedado en agua de borrajas.
La idea del Gobierno, y del Partido Popular, era aprovechar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para incluir en el articulado la consideración de “autoridad pública” para los trabajadores de Instituciones Penitenciarias y, de esta forma, responder a una reivindicación histórica por parte de este colectivo.
La abogacía del Estado, sin embargo, desaconsejó esa medida, tal y como transmitió el PP a los representantes de los funcionarios de prisiones. Por eso, los populares no incluyeron la distinción en la propuesta de reforma, aunque todavía quedaba el trámite parlamentario para votar el texto final.
La Agrupación de Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias contactó entonces con PSOE e Izquierda Unida, cuyos grupos en el Senado redactaron enmiendas a la propuesta del PP para que los funcionarios de prisiones fueran reconocidos como autoridad.
El pacto anti-terrorista de los socialistas con el Gobierno para aprobar esta ley parecía suficiente para que los populares aceptaran la propuesta de modificación del PSOE, pero el PP rechazó, en la Mesa de la Cámara Alta, debatir la inclusión en el texto del nuevo reconocimiento para los funcionarios de prisiones.
De esta forma, mientras los profesores o vigilantes privados agredidos tienen derecho a preservar sus datos personales en un juicio, los funcionarios de prisiones no solo deben presentar su número de identificación en la cárcel, sino también su nombre y apellidos y su dirección. Una circunstancia que, en su opinión, “atenta contra nuestra seguridad, porque a partir de ese momento los presos saben dónde vivimos y cómo encontrarnos”.
