Puertas antiokupas en las casas de los militares
El problema de la ocupación de casas, no por grupos anarquistas sino por familias sin recursos, desató la alerta a mediados de este año. Coincidiendo con el final del primer estado de alarma, las denuncias por viviendas ocupadas ilegalmente saltaron a los medios de comunicación y llevaron a varios sindicatos de las Fuerzas de Seguridad a pedir instrucciones al Ministerio del Interior sobre cómo actuar en estos casos, mientras que algunos agentes difundieron sus propias recomendaciones.
Sectores de la izquierda, incluidos dirigentes de Podemos, aseguraron que la polémica obedecía a una campaña de la derecha, pero también de empresas de seguridad que esperaban ganar mucho dinero provocando el miedo en propietarios de viviendas, para que decidieran contratar alarmas y otras medidas de protección con las que evitar que ocuparan sus casas.
El Chivato ha podido comprobar que ese miedo a las ocupaciones también existe en la Administración General del Estado, en organismos dependientes del mismo Gobierno de España en el que se sientan un vicepresidente y varios ministros de Podemos.
Es el caso del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), organismo autónomo del departamento de Margarita Robles, que entre otras funciones se encarga de adjudicar viviendas en régimen de arrendamiento especial a miembros de las Fuerzas Armadas que son trasladados a otros destinos dentro de España.
Este instituto ha puesto en marcha un concurso para buscar una empresa que se encargue del “desmontaje, montaje, adecuación y traslado de puertas anti-ocupación propiedad del INVIED en el área de gestión patrimonial”.
El INVIED explica que su Área de Gestión Patrimonial “dispone de viviendas que estando desocupadas”, reconoce, “son especialmente susceptibles a ser ocupadas ilegalmente”. Para prevenir esas ocupaciones el organismo dependiente de Defensa ha gestionado previamente la adquisición e instalación de 24 puertas “antiocupación”. Así las denomina.
De lo que se trata ahora es de contratar a una empresa que se encargue de montar y desmontar esas puertas contra ocupas en las viviendas que lo necesiten: “Cuando las viviendas donde están instaladas actualmente son enajenadas, o varían las necesidades de prevención de la ocupación ilegal, estas puertas deben ser reubicadas, trasladadas a los almacenes del Área, o desde estos a otras viviendas”.
Principalmente se contempla instalar estas puertas especiales en inmuebles del INVIED que estén situados en la Comunidad de Madrid, con la excepción de Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Cuando una de las viviendas vacías reciba a un militar como nuevo inquilino, la empresa retirará la puerta antiocupación, la conservará y guardará de forma que esté lista para ser colocada en otro inmueble. También se encargará de restaurar “tanto las zonas donde haya estado anclada como los respectivos accesorios, como jambas, tiradores, etc…, a su estado previo al montaje la puerta antiocupación”, colocando una puerta normal, la original.
La empresa que se encargue de este servicio tendrá que gestionar en un máximo de 48 horas las peticiones tanto para retirar una puerta “antiocupas”, como para colocarla en otra vivienda que haya quedado vacía, y por lo tanto en peligro de ser ocupada ilegalmente.
