¿Qué validez tiene el informe de un detective privado en un juicio?

Durante un litigio, la reunión de pruebas, su análisis de idoneidad y su aceptación o no son cruciales para obtener una sentencia en sentido favorable o desfavorable. En determinadas cuestiones, muchas personas que se encuentran en una situación delicada con la justicia se preguntan si contando con los servicios de un detective privado es posible cambiar las tornas para demostrar un determinado hecho.

En este sentido, los expertos se pronuncian acerca de la validez que puede tener durante un juicio un informe elaborado por un detective privado.

El papel de un investigador privado en una causa judicial abierta

El primer aspecto en el que los expertos ponen el foco es en la necesidad de combinar dos aspectos cuando se habla de un informe que ha de ser presentado ante un juez. “No solo se trata de contar la verdad, sino de hacerlo con pruebas que hayan sido obtenidas de manera legal y que se ajusten a derecho”, apuntan.

Tanto para lograr lo primero como lo segundo, los detectives privados están más que capacitados. Un detective privado es un investigador que cuenta con la formación necesaria y con el reconocimiento correspondiente para ejercer y, por tanto, es un profesional autorizado para llevar a cabo investigaciones en el marco jurídico actual, que establece la necesidad de corroborar que exista una legitimidad en la causa con respecto al cliente para que la agencia y sus profesionales puedan llevar a cabo las pesquisas correspondientes.

“Esto quiere decir que, aunque contemos con la formación necesaria para ejercer y que contemos con el aval de la normativa actual para llevar a cabo investigaciones de muy diversa índole, así como elaborar informes con plena validez legal, nuestra labor siempre debe enmarcarse en lo que la Ley de Seguridad Privada establece, por lo que solamente podemos trabajar si la causa que motiva la investigación es legítima para con el cliente”, explican.

En muchas ocasiones, las investigaciones privadas se llevan a cabo a nivel personal y no tienen trascendencia judicial, pero en algunos casos sí se contratan a detectives privados para tratar de obtener datos adicionales que permitan conocer la verdad sobre una cuestión determinada.

Tanto si las pesquisas se centran sobre unos hechos que se investigan a nivel particular como si se llevan a cabo en el contexto de una causa judicial abierta, el proceder es el mismo, tal y como comentan los profesionales de Doverty, una de las principales agencias de detectives privados de España.

“Nuestra forma de trabajar se rige por unos estrictos protocolos que vienen especificados en el margo legal vigente y que debe ser cumplido a rajatabla para que cualquier prueba o conclusión obtenida al término de las pesquisas pueda ser utilizada en un tribunal de justicia, y en base a esa premisa nos regimos quienes nos dedicamos a la investigación privada en todo tipo de casos e investigaciones, sea cual sea su naturaleza”.

La validez del informe, bajo lupa

Para que el informe de un detective privado pueda ser considerado como prueba, debe haber sido emitido y llevar la firma de un detective legalmente habilitado, así como estar en posesión de su Tarjeta de Identificación Profesional (TIP), que expide la Dirección General de la Policía.

Eso quiere decir que se deben cumplir varios requisitos en distintos frentes: la causa debe contar con la suficiente legitimidad como para permitir que la investigación de un detective privado pueda dar comienzo, el profesional que investigue y emita el informe debe contar con su TIP en vigor y todos los procedimientos deben contar con el respaldo de la normativa en vigor acerca de las investigaciones en el sector privado.

Una de las prioridades en un procedimiento judicial que cuente con un informe de un profesional de la investigación privada es garantizar que no se han vulnerado los derechos fundamentales del sujeto investigado. “Es crucial obtener las pruebas de manera lícita y sin atentar en ningún momento contra el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen propia o al secreto de las comunicaciones”, insisten desde Doverty. “Hay una diferencia entre investigar aspectos de la vida privada e invadir la intimidad del investigado. Lo primero está permitido, no así lo segundo”, apuntan.

En cuanto a las grabaciones y los registros de audio o vídeo, su reconocimiento como prueba cuenta con el aval del Tribunal Supremo que, no obstante, también vela por el cumplimiento de la ley en el proceder de los investigadores.

“Una grabación puede ser considerada como prueba, pero si se ha tomado fuera del ámbito público o se han utilizado dispositivos ocultos de escucha o grabación, no serán aceptadas, siendo válidas solamente las conversaciones en las que el propio detective sea partícipe”, explican.

Una de las bases de la investigación privada es la adecuación tanto de las actuaciones como de los objetivos de las labores de seguimiento. En este sentido, es crucial trazar un plan estratégico que permita optimizar los recursos de los investigadores, lo que permita optimizar el tiempo y llegar a conclusiones fidedignas que queden plasmadas en el informe que se presente como prueba en un juicio.

Doverty es, en este sentido, una de las mejores agencias dado que cuenta con los recursos y las herramientas necesarias como para mantener al cliente informado en todo momento de los avances llevados a cabo en la investigación. Esto es posible gracias al profundo proceso de digitalización llevado a cabo, que permite acercar las posturas entre detectives y clientes a fin de agilizar las comunicaciones, sin que ello suponga en agravio de cara a mantener la legalidad en las actuaciones y en las conclusiones emitidas.