Seguros Anti Okupa: ¿Merecen la pena?

El movimiento okupa hunde sus raíces en la década de los años ochenta y desde entonces, se ha mantenido más o menos presente como un problema social de difícil solución. Durante los últimos años, se ha percibido un incremento en sus tasas de incidencia y esto unido a cierta desprotección legal de las víctimas, ha dado lugar a la configuración de empresas y servicios especializados en el asesoramiento legal y desalojo.

La ocupación ilegal en España ha experimentado un incremento significativo durante los últimos años. Según datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística, en tan sólo cuatro años se ha producido un incremento de denuncias del 46%, pasando de 9.998 en 2016 a 14.621 en 2019.

La situación se ha agravado durante la irrupción de la crisis sanitaria llegando a alcanzar un incremento del 50% de denuncias por ocupación ilegal en 2020. El fenómeno adquiere tintes de impunidad con el florecimiento de pseudo negocios especializados en ocupación de viviendas. Hoy es posible encontrar ofertas públicas en Internet de servicios que abarcan cambio de cerraduras, venta de llaves y otros métodos de ocupación por precios que rondan los 400 euros.

Según datos del informe ‘El acceso a la vivienda en España: ¿Qué hacer con el problema de la ocupación?’ elaborado por el think tank académico Europa Ciudadana, Barcelona se ha convertido en la comunidad más vulnerable y con mayor tasa de incidencia. La ciudad registra más de 17.465 incidentes durante los últimos seis años que se traduce en una tasa de denuncia del 67% por cada 10.000 viviendas. De muy cerca le siguen ciudades como Tarragona (con un 52,8%), Gerona (49,19%) y Sevilla (41,82%).

El proceso de desalojo por vía judicial no siempre se lleva a cabo

Este delito atenta frontalmente contra el derecho a la propiedad. Sin embargo, solucionar el incidente a veces se torna complejo por vía judicial. Cuando la vivienda ocupada constituye una primera residencia en la que el propietario legítimo está empadronado, las autoridades tienden a actuar con un desalojo inminente. La cosa se complica si se trata de una segunda residencia o constituye una herencia o algún tipo de inversión. Además, si la vivienda se encuentra ocupada por adultos acompañados de menores el desalojo se torna aún más improbable.

Es en estos casos, en los que la ley tiende a dar mayor apoyo al okupa que al propio inversor o propietario. Los servicios de desocupación han adquirido una mayor visibilidad precisamente por esta incapacidad legal y esta desprotección que muchas víctimas perciben por parte de la ley.

La prevención se ha convertido en un pilar fundamental, aunque lamentablemente no siempre es suficiente. El desarrollo y comercialización de alarmas anti okupa pueden proporcionar cierta efectividad, aunque no siempre logran evitar que se produzca la ocupación. En España, casi el 50% de los hogares que fueron ocupados de forma ilegal durante el último trimestre contaban con un sistema de alarma.

En la mayoría de los casos, las víctimas de ocupación se encuentran en una situación de indefensión y a menudo no conocen cuáles son los procedimientos legales a seguir. En muchas ocasiones aún incluso dentro del aparato legal encuentran pocas vías o procedimientos burocráticos y administrativos que se dilatan en el tiempo excesivamente.

En este contexto han proliferado empresas como Desokupa Expres especializadas en el apoyo y asesoramiento a propietarios que han perdido sus viviendas por ocupación ilegal.

Zero Okupas ha desarrollado un seguro anti okupa bastante poco común. Se trata de una modalidad que puede enmarcarse dentro de los seguros de hogar. Los seguros anti okupa están desarrollados para proteger aquellas viviendas que no son habitadas de forma habitual por sus propietarios. Sus protocolos de actuación no protegen a los propietarios sólo después de que se haya producido la ocupación, sino que se extienden a la prevención y vigilancia activa.

Su contratación garantiza el desalojo de la vivienda en un período de entre 24 y 48 horas a partir de procedimientos 100% legales. Zero Okupas responde en circunstancias extraordinarias del mismo modo que ocurre con los seguros clásicos como incendios o robos. Además, también pone a disposición de sus asegurados la cobertura de todos los gastos necesarios para desalojar su vivienda y recuperarla en el menor tiempo posible, incluido gastos jurídicos.

Por tan sólo 1 € al día los asegurados pueden acceder a una garantía de protección frente a okupaciones ilegales a partir de procedimientos completamente legales y evitando largos procesos judiciales.

Lamentablemente, la tasa de indicencia de este tipo de delitos se ha tornado creciente y augura un futuro incierto con unos riesgos cada vez más acentuados. Hacer frente al problema y acceder a soluciones inmediatas requiere del asesoramiento y supervisión de un equipo de profesionales especializados en el ámbito jurídico.

En un contexto legal ciertamente imprevisible y con ciertas lagunas, los procedimientos se hacen complejos y en muchas ocasiones revierten negativamente a los intereses y derechos de los propietarios legítimos. Esta situación sitúa a las empresas especializadas en servicios de desokupación en una alternativa cada vez más sólida.