El Principado de Asturias ha elaborado un protocolo telemático que, según informa La Nueva España, puede ser resumido en una de sus frases: “Los empleados de la Administración del Principado no pueden albergar ninguna expectativa de privacidad respecto a la utilización que hagan de los equipos informáticos puestos a su disposición”. Lamentablemente, el ordenador sigue siendo personal aun cuando su uso sea laboral, y queda el problema de saber quién vigila al vigilante. Guindilla a una política invasiva en derechos fundamentales.