A un grupo de individuos por vender datos personales de 360 parados en Galicia
Traficaban con cientos de datos personales y laborales de carácter reservado de desempleados de toda España y cobraban cada informe a precios de 10 a 25 euros. La trama se remonta al 2010 y tuvo como uno de sus escenarios a Vigo, entre otras ciudades. En el 2019, los cabecillas de la venta de datos confidenciales fueron condenados por la Audiencia Provincial de Murcia a 21 meses de cárcel por un delito continuado de revelación de secretos. Una de las condenas recayó en un intermediario vigués acusado de suministrar datos de 360 parados a un cliente de la Travesía de Vigo, que le pagó 500 euros y los revendió a un detective privado y a una agencia de investigación comercial de Madrid. Ahora, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y 9 meses de cárcel para ese intermediario que hacía gestiones de cobro. Lo consideraron un cooperador necesario. Fue absuelto de cohecho (soborno).
Todo empezó en el verano del 2010. El cerebro de la trama era un falso detective y perito judicial de Santa Pola, en Alicante, que corrompió al director de la Oficina de Empleo de Bullas, en Murcia, a punto de jubilarse. Aprovechando su cargo, podía consultar información confidencial de los desempleados en las bases de datos Silcoin y Silcon de la Seguridad Social. Luego, su jefe los revendía a sus clientes. El director accedía las cuentas de cotización del Inem y la de afiliados, y los datos del Servicio Público de Empleo Estatal y la Plataforma de Orientación Laboral.
