El CAC y las licencias
Soy del parecer que en una sociedad democrática y, por tanto, libre, los medios de comunicación los cierra el público cuando deja de escucharlos.
Por este motivo, pienso que ningún organismo publico o privado tiene legitimación moral, ni ética, ni legal, para silenciar la palabra de quien o quienes quieran transmitirla en las ondas de radio o cualquier otro medio de comunicación.
Los argumentos legales que se puedan esgrimir para justificar el cierre o silencio de cualquier medio de comunicación son una excusa jurídica, una falacia con la que se pretende enmascarar decisión arbitraria, abusiva e ilegítima porque, se mire como se mire, resulta contraria a la libertad de prensa y comunicación establecida en nuestra Constitución, e igualmente, ataca la libertad y el derecho de la personas a transmitir y escuchar libremente ideas y opiniones.
Para los excesos en la libertad de expresión existe en nuestro derecho medios y acciones para exigir las oportunas correcciones y responsabilidades.
Permitir que el CAC (catalán) o cualquier otro órgano político pueda impunemente cerrar una o varias emisoras de radio, es convertir a nuestros representantes políticos en nuestros amos y señores y a los ciudadanos en sus esclavos.
Primero les pagamos un sueldo que no se ganan (los parlamentarios no asisten a las sesiones) y luego nos dicen a quién y qué tenemos que escuchar.
Si la sociedad permite estos abusos volveremos a situaciones medievalistas, con la diferencia de que antes lo ejercían unos señores que supuestamente defendían al pueblo y ahora los ejercen otros señores llamados políticos que defienden sus intereses.
La mayoría de los miembros del CAC viven o han vivido directamente de la política.
