Empleados públicos por la movilidad laboral

Bien podrían las distintas Administraciones del Estado, tanto territoriales como institucionales, coincidiendo con la designación de 2006 como Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores, hacer un guiño real hacia sus obreros, y favorecer la libre circulación de los empleados públicos. Que el personal pueda cambiar de puesto de trabajo, mediante convenios de colaboración entre las diversas Administraciones, comunidades, provincias o países, es siempre motivador y muy esencial para lograr un servicio eficaz que sepa responder a los retos de las demandas ciudadanas.             Un cambio de aires laborales siempre ayuda a desarrollar nuevas habilidades y conocimientos. Quedarse pegado a un sillón, de por vida, es muy monótono y poco estimulante. Cuando se incentiva con mejoras la vida laboral suele aumentar la satisfacción profesional, y, con ello, la eficacia en la prestación del servicio. Atmósfera que, por otra parte, beneficia la inserción laboral. Se parte del entusiasmo que genera, por si mismo, el propio cambio al producirse voluntariamente. No sólo conlleva resultados positivos para la realización de la persona, también en la prestación del servicio. Por ello, pienso que hay que reducir los obstáculos que todavía son muchos, patrocinar permutas entre Administraciones, con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos.   Es cierto que mucho se viene hablando de la libre circulación de los empleados públicos entre las distintas Administraciones, incluso se apuesta por beneficiar, como no ha de ser de otra manera, ante supuestos de violencia de género, por motivos de salud o por conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Sin embargo, cuando uno se adentra en los boletines oficiales que convocan la provisión de puestos y movilidad, la cuestión es bien distinta, suelen publicarse bastantes límites de exclusión que imposibilitan el cambio hasta dentro de las mismas administraciones, además de amparar como mérito los años de permanencia en el puesto.             Los ciudadanos tienen derecho a que la Administración funcione, para ello ha de ser capaz de atraer profesionales bien formados y con estímulos de promoción y movilidad voluntaria.            Es grande la responsabilidad de los Gobiernos estatales, autonómicos, locales e institucionales, pero no menos importante es la de las organizaciones encargadas de tutelar los intereses colectivos de los trabajadores. Al final todos estamos llamados a solidarizarnos y a caminar en la misma dirección de unir brazos y mente para contribuir a ser buenos constructores de sociedades humanas, donde se respete al ser humano y su trabajo. De lo contrario, cuando se pierde la conciencia profesional, el trabajo amarga.   Está bien que sea la Administración la primera que predique con el ejemplo. Haber si conseguimos calmar la efervescente enfermedad del síndrome del quemado. La maldición laboral de no poder moverse, puede ser un motivo. Algo que se da mucho, sobre todo, en los servicios periféricos de la Administración del Estado ¡Y mira que la empresa es grande! Otra puede ser la barbarie basada en producir y disfrutar. Esto forja el culto a las cosas, lo que echaría por tierra la conciliación, puesto que el cultivo familiar, en la mayoría de los casos, sería un suplicio más que un gozo.