La Audiencia Nacional deportará forzosamente españoles a Francia en base a mentiras y patrañas de la justicia francesa
Hace poco saltó a la prensa nacional un escándalo judicial mayúsculo, en parte gracias al gran trabajo periodístico de El Confidencial Digital.
Dos jóvenes empresarios españoles están actualmente presos preventivamente por orden del Juez Pedraz en base a órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) emitidas por Francia absolutamente fraudulentas. Órdenes donde se especifica que hay una sentencia condenatoria de 30 años de cárcel por 16 delitos graves contra los encarcelados, sentencia que en realidad no existe ni tampoco los delitos que referencia falsamente.
Es evidente que la Justicia francesa, Santuario de las peores bandas terroristas de Europa, como la ETA o las Brigadas Internacionales, “campea” sobre la Justicia española, y en concreto sobre la Audiencia Nacional, en base a unos vínculos desconocidos para la opinión pública española, y a estos hechos me remito.
Será la Masonería, será la Izquierda judicial, será el Estado profundo, serán las cloacas policiales, serán las grabaciones ilegales, o muchas otras razones que combinadas con éstas dan como resultado que españoles serán objeto de deportaciones forzosas e ilegales a Francia.
No sólo Francia ha emitido varias OEDE con datos falsos, para deportar forzosamente a ciudadanos españoles a ese país, sino que además, DIEZ gendarmes franceses participaron en España en el operativo de la UCO que asaltó el domicilio de los españoles encarcelados injustamente, a las seis de la mañana, con decenas de perros, reventando puertas y grabando sus excesos y demasías, ante la aterrorizada mirada de los niños pequeños que viven bajo esos techos.
Un experto en leyes como yo, o sin necesidad de serlo, esperaría que en España las intervenciones policiales tuvieran mayor mesura y proporcionalidad, pero es que cuando uno va hilando unas cosas con otras se va dando cuenta de que la delincuencia no está precisamente del lado que se quiere hacer ver, sino precisamente en las oscuras manos que están moviendo todo el aparataje policial y judicial español para unos fines que son absolutamente ilegales.
La Justicia Francesa ha sido tradicionalmente el Santuario de mucha delincuencia terrorista y ahora tendrá que explicar por qué está actuando de esta manera tan acelerada y poco afortunada contra dos ciudadanos españoles por el mero hecho de vender teléfonos encriptados, actividad comercial que es perfectamente lícita y legal en España.
Hace muchos años que la opinión pública española tiene una amplia mala visión hacia la Audiencia Nacional y sus comportamientos judiciales, pero ya con esto se han pasado de la raya, tras convertirse en una sucursal en España de la arbitraria justicia francesa, que podrá convertir su país en un santuario de terroristas y criminales pero que no por eso debe obligarnos a los españoles a sufrir el calvario de sus injusticias, encubrimientos y arrogancias.
Guillermo Rocafort
Jurista español
