La voz del lector

Ayuda o subsidio: una óptica cristiana

El debate de la renta básica, que propuso Podemos desde que entrase en las instituciones, y que en regiones como el País Vasco ya estaban en marcha con el nombre de Renta de Garantía e Ingresos (RGI), no augura un buen devenir para la economía nacional.

Es bien sabido que esta renta, que propone abastecer con una ayuda mensual a quienes no dispongan de ingresos mínimos para subsistir, choca directamente con los postulados neoliberales que rigen la economía hoy. De ahí que la Iglesia, en nombre del Papa Francisco, haya apoyado ésa u otras fórmulas similares para ayudar a quienes pasen necesidad, en un contexto donde las diferencias sociales se van a disparar en muy poco tiempo.

Es así que algunos medios españoles, al parecer muy en consonancia con lo que dice el Papa, han acusado a la Iglesia española de oponerse a la renta básica, cuando el portavoz de la Conferencia Episcopal Española (en adelante CEE), Monseñor Luis Argüello, dijo en rueda de prensa de que dar “ayudas a quienes lo necesitan es indispensable, pero pensar en una permanencia, que vivan de manera subsidiada, no sería un horizonte deseable”. Y es que en el citado País Vasco hace años que está en duda la capacidad comunitaria para afrontar la RGI, habiendo propuesto medidas para evitar los fraudes y quitando a sus perceptores el derecho a cotización mientras la reciban. Y es que estas fórmulas, que como se aprecia, la CEE no ha descartado, deben hacerse según lo que también Mons. Argüello citó como el “principio de subsidiaridad”, muy oído en boca del mismo presidente vasco Íñigo Urkullu.

Según la Doctrina Social de la Iglesia (Encuentro, 2016), la subsidiaridad responde a que “una estructura de orden superior solo ha de actuar si el grupo social de orden menor (...) no se encuentra en condiciones de hacer frente” a una dificultad (página 99); es decir: el estado no debe sustituir a los diferentes cuerpos que componen la nación, a fin de no restarles competencias y libertad de acción, y coartando su capacidad de crecimiento social. De ahí su uso en boca del Lendakari, y a su vez principio propuesto por la CEE para el problema catalán.

Este principio, citado por primera vez por Pío XI en la encíclica Quadragesimo Anno (1931), se resume en el campo económico en medida en que “el estado debe actuar” si una comunidad “se encuentra en problemas”, pero no debe hacerlo antes de que sus integrantes “se hayan visto desbordados a la hora de solucionarlos” (Ibídem). De esta forma, se promueve que la libertad/responsabilidad de los individuos y comunidades esté en marcha, y cuenten siempre con una instancia mayor para ser ayudadas, sin ser sustituidas. Una administración excesivamente centralizada es así contraria este principio.

No puede olvidarse jamás que la Iglesia ha rechazado tanto el marxismo como el liberalismo desatado. Ya en el 1977, antes de aprobarse la Constitución, la CEE publicaba un folleto por la libertad personal, y exhortaba a la cristiandad a rechazar el liberalismo por boca de Pablo VI, porque “cree exaltar la libertad individual, sustrayéndola a toda limitación, estimulándola con la búsqueda exclusiva del interés y del poder, y considerando las solidaridades sociales como consecuencias, más o menos automáticas, de las iniciativas individuales”.

Es así que la renta básica que se está calculando corre el riesgo de crear individuos dependientes de un estado que está obligado a ayudarles. Y es que además, el reputado economista catalán Santiago Niño-Becerra, quien predijo la crisis del 2008, lleva ya unos años vaticinando la creación de esta renta, pero no como algo halagüeño, sino como el antídoto al caos social que vendrá cuando desaparezcan las pensiones, algo que ya se sabe, ocurrirá.

Es aventurado entonces, además de mentiroso, acusar a la CEE de oponerse a la ayuda del estado, sin tener en cuenta lo explicado aquí. Lo mismo sucede a todos los planos, siendo la subsidiaridad multilateral, y afectando también a la Iglesia en medida en que, como propone el actual Gobierno, ésta deberá sufragarse con sus propios medios, medida a la que casualmente tampoco se ha opuesto, siempre y cuando se la trate como a otras organizaciones en  situación similar.

Se auguran pues tiempos difíciles, en los que toda la sociedad civil en conjunto deberá moverse para aportar al bien común lo mejor de sí, descartando individualismos y potenciando todos los cuerpos intermedios ciudadano-estado, a fin de evitar, parafraseando a Guillermo Rovirosa i Albet, tanto “el sistema capitalista de vivir en alquiler”, como “el comunismo de vivir en un cuartel tan grande como el país”.

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