Carta a Celaá
Con la segunda ola de la pandemia acechándonos, con confinamientos perimetrales en toda la península, con las UCIs cerca del colapso, con centenares de muertos cada día, con comercios cerrados y empresas quebradas, usted ha decidido esta última semana que el mayor de sus problemas es la educación concertada. En el consejo de ministros habrán pensado que éste es el más oportuno de los momentos para llevar a cabo su estrambótico delirio de una educación pública impuesta por el Estado, en la que el acceso al educación en colegios públicos deja de ser un derecho para convertirse en obligación.
La ley que su coalición progresista (CoPro en palabras de Bustos) quiere imponer supone una amenaza frontal a la educación concertada y privada —en pocas palabras, un ataque directo a un tercio de nuestro sistema educativo—. Y si bien resulta inoportuna (no es el momento), inconstitucional (no son las formas), y sectaria (no han hallado consensos pues ni siquiera los han buscado), esta ley supone una auténtica anomalía democrática por la evidente carencia de legitimidad moral del gobierno del que forma parte, señora ministra, instalado en la más absoluta incoherencia.
Usted, señora Celaá, sus hijas, Margarita Robles, Carmen Calvo, Nadia calviño, Lola Delgado, Fernando Grande-Marlaska, Irene Montero, Juan Carlos Monedero, Pedro Duque, José Luis Ábalos, José Manuel Rodríguez Uribes, Carolina Darias, Salvador Illa, José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono, María Teresa Fernández de la Vega, Ángel Gabilondo, Cristina Garmendia y Bibiana Aído... todos ustedes comparten dos cosas: su militancia en alguno de los partidos del gobierno y que estudiaron en colegios concertados o privados.
Sin embargo, el problema no es simplemente moral. Al fin y al cabo, los ciudadanos (y especialmente los que de alguna forma participamos de la educación concertada y privada) ya nos hemos acostumbrado a la incoherencia de un ejecutivo que cabalga a lomos de la mentira y del oportunismo. Pero esta ley, como digo, supone igualmente un grave problema legal. No sólo vulnera de forma flagrante nuestra Carta Magna, sino que además ignora la legislación vigente sobre los conciertos educativos tanto a nivel nacional como internacional.
Su ley, tristemente conocida como ley Celaá, no respeta el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que asegura que "los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos". Ignora igualmente el artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos donde se declara que "los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres (...) para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Tampoco atiende al artículo 5.3 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en el campo de la enseñanza, que establece que "debe respetarse la libertad de los padres de elegir para sus hijos centros de enseñanza que no sean los creados por los poderes públicos".
Esta ley es, en definitiva, un atentado contra la libertad de elección de los padres, un ataque sin escrúpulos a la pluralidad educativa y una amenaza para el resto de derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a recibir formación religiosa o el derecho a estudiar en castellano. Por tanto, señora ministra, sepa que está siendo rechazada por toda la sociedad civil (la plataforma Más Plurales ha superado ya el millón de firmas) y va a ser llevada a los tribunales de justicia. No es hora de sectarismos ideológicos ni chanchullos partidistas. Es hora de lograr una verdadera equidad educativa, donde todos sumen y nadie quede apartado.
Está en sus manos, señora ministra. Hagámoslo bien.
