La concepción del ejercicio de la política como una “profesión habitual” o la profesionalización de la política

En un índice inmisericorde de desempleo, con cotas intolerables de paro juvenil, no es de extrañar que amplios sectores de la población, especialmente los que se encuentran en edad laboral y, particularmente los jóvenes

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Desde el inicio de la Transición, y especialmente desde la década de 1990, la sociedad española ha ido comprobando materialmente como la “clase política”, entendiendo ésta en el sentido más global y general, ha ido vinculando, en una gran proporción, su futuro laboral (y por ende casi vital), al cargo que desempeñan o pueden desempeñar, sin más límite temporal ni espacial que el establecido por la formación u organización política a la pertenecen, en función del grado de fidelidad/infidelidad a las directrices del aparato de aquélla o, en otros casos, al resultado de coaliciones o acuerdos con el único fin de la permanencia en el cargo, produciéndose una simbiosis entre la persona y aquél, en una proyección temporal “sine die”, que, en el medio plazo (pasados ocho o diez años) probablemente intervenga negativamente en la transparencia y “calidad democrática” de la acción política y el desempeño de cargos públicos que, en este caso, podría hacer prevalecer el interés personal de continuar en su ejercicio, sobre el interés general, sin perjuicio evidentemente, de aquéllos políticos o políticas cuyos cargos provienen de la obtención de mayorías cualificadas en la urnas durante varios mandatos, cuya legitimidad e, incluso conveniencia de permanencia en aquéllos, parecen no admitir controversias, ya que en este caso, es la libre decisión del electorado quien garantiza y legitima dicha permanencia.

En ese sentido, en el contexto de un índice inmisericorde de desempleo, con cotas intolerables de paro juvenil, no es de extrañar que amplios sectores de la población, especialmente los que se encuentran en edad laboral y, particularmente los jóvenes, a los que la obtención de su primer empleo, les resulta un enigma poco menos que quimérico, no entiendan que los cargos públicos con mayor o menor dedicación, con sueldos en la mayoría de los casos, bastante superiores al salario mínimo interprofesional, hayan proliferado en todos los niveles y entidades, con nuevas instituciones, organismos, agencias y similares, sin control, límites ni freno algunos.

En definitiva y como conclusión de estas impresiones, parece obvio, que más allá de la conveniencia de suscribir, más pronto que tarde, a modo de “medida cautelar” por parte de todos los partidos políticos, un auténtico código ético que permita avanzar en la recuperación del crédito y confianza ciudadanas en la clase política y que a raíz del lamentable “espectáculo” producido en el Congreso de los Diputados, a cuenta de la aprobación de la reforma laboral, parece haber tocado fondo, es imprescindible comenzar a consensuar una serie de reformas legales que sean necesarias, en el ámbito electoral y/o en otros, que permitan un cambio de rumbo esperanzador y sostenible en el ejercicio de la política en España que generen un nuevo viento de ilusión.

 

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