¿Es la monarquía parlamentaria antidemocrática?
«La Corona protege al pueblo frente a los políticos de paso» (Manuel Fraga)
«Lo único que inspira ya confianza en España es una monarquía hereditaria y representativa, mirándola como irremplazable garantía de sus derechos e intereses desde las clases obreras hasta las más elevadas» (Manifiesto de Sandhurst)
En el plazo de unas pocas semanas hemos sido testigos de una sucesión de eventos políticos que distan de ser una mera extralimitación de las cámaras infranacionales o simples declaraciones políticas. El 11 de octubre el Parlamento de Cataluña sacaba adelante una resolución para reprobar al Rey por su actuación durante la escalada del "Procés" el año pasado. Poco después, el ayuntamiento de Barcelona -donde, como en las Cortes regionales, son patentes también las simpatías de la izquierda indefinida hacia el separatismo- se autoinvitaba al “sarao” antimonárquico, y aprobaba una declaración que también demandaba reprobar al monarca y abolir la Casa que regenta. Poco después, al igual que si los distintos actores políticos de la sociedad española se hubieran visto arrastrados por un torrente irrefrenable de repentino fervor antiregalista, los medios se hacían eco de una de esas consultas sentenciadas de antemano: los estudiantes de la UAM convocaban un referéndum para escrutar el posicionamiento de la comunidad universitaria respecto a la Corona. Por si esto hubiera sido poca cosa, Alberto Garzón subía la apuesta y anunciaba en Twitter que IU iniciaba una "campaña política" a nivel nacional para reprobar al rey en todos los ayuntamientos en que su grupo tenga representación. Para poner la guinda al pastel republicano, Jaime Peñafiel se adhería al contubernio antiborbónico en una entrevista en la que, prácticamente, anunciaba la sentencia de muerte de la Corona, como si del dictamen de la Convención francesa de 1793 se tratara.
La ofensiva común contra la Corona puede comprenderse, por el lado independentista (así lo entiende el Gobierno en la impugnación presentada ante el TC) como un ahondamiento en el proceso soberanista. Por parte de la izquierda patria allende el PSOE, el movimiento reprobatorio no constituye sino un estadio más de la labor de desmontaje del denominado "Régimen del 78", cuyo primer paso consistió en la desmitificación del espíritu consensual que le dio origen, materializándose en acciones políticas contundentes como la extracción del finado dictador de la Basílica. El proceso encuentra su segundo estadio en una campaña de acoso y derribo a la monarquía, otro de los pilares esenciales que sustenta un tipo de orden político de difícil asimilación para el criticismo acrítico de un cierto republicanismo beligerante.
La presente defensa de la monarquía parlamentaria como forma política del Estado no responde a una reacción visceral propia del fanático herido: precisamente, "defensas" de la institución basadas en sensiblerías provenientes de la prensa rosa (como las que ostentan el grueso de ciudadanos que se ven impelidos a defender a sus reyes mediante nimiedades estéticas), o proclamas exaltadas rayanas en el desvarío como las de Pablo Casado ("¡Cuando abrimos un hospital estamos diciendo 'Viva el Rey'!"), dificultan más que favorecen la justificación -por otro lado difícil, no lo negaremos- de la institución monárquica a día de hoy y de su encaje democrático en un clima social cada vez más ávido de aproximaciones al ideal del autogobierno.
¿Cómo podemos justificar hoy, pues, la pervivencia de una institución de origen medieval y personalista, aparentemente inservible y superflua? ¿Cómo puede defenderse la existencia de un órgano que es habitualmente concebido como nada más que una injusta residencia de privilegios y un oneroso lujo?
Antes de nada, debemos despojarnos -tal vez con un apremio que no será aceptado por muchosde una de las objeciones que a menudo pueden oírse, y que no por ser trivial es menos defendida por algunos. A saber, la idea de que un régimen político coronado es sencillamente incompatible con un sistema democrático. Aquí simplemente nos remitimos a las palabras del historiador Santos Juliá: «El que un sistema político sea democrático o no, no depende de si la forma de Estado es monárquica o republicana, depende de que el sujeto de la soberanía sea el pueblo».
Y es que es el órgano que representa la soberanía nacional el encargado de establecer el contenido del hacer político del rey. Prácticamente podría decirse que la relación tradicional entre rey y (ex)súbditos se ha invertido. ¿Cómo no apreciar la belleza, casi irónica, de tan singular acontecimiento? Aquel sujeto político que en su día generó la necesidad de alumbrar textos constitucionales destinados a acotar su poder irrestricto es hoy, no sólo uno más de los órganos estatales totalmente subordinados a la Constitución, sino uno de sus principales valedores y entusiastas. Es probable que el ilustre Kelsen no hubiera estado de acuerdo con esto, pero lo cierto es que una monarquía desapoderada en el seno de una sistema representativo no plantea problema alguno al desarrollo de la actividad democrática, en tanto que la agenda política del monarca y su rango de actuación están estrictamente delimitados por el Parlamento.
Podemos aventurarnos a ir un paso más allá y sugerir que la monarquía parlamentaria no sólo no traba el discurrir democrático, sino que además lo favorece. Al tiempo que los regímenes liberales fueron “parlamentarizándose”, cristalizó una nueva manera de concebir el quehacer regio: el Rey quedaba desapoderado de toda potestad legislativa y se configuraba como una suerte de “cuarto poder”, según la feliz fórmula de Constant, equilibrador entre las distintas fuerzas políticas y sociales, un moderador del juego político alejado al mismo tiempo del ejercicio directo del poder. Podemos, así, entender al Rey en un sistema liberal-democrático a la manera de una figura de consenso “au-dessus-de-la-melée”, esto es, ajena a las contiendas políticas y por tanto abstraída de las querellas entre los distintos grupos políticos.
A la luz de la reformulación que ha operado en el seno de la monarquía desde su parlamentarización allá por 1688, no parece, por ende, que exista ninguna contradicción ontológica entre el gobierno popular como tal y la supervivencia de la institución monárquica. Es por esto que lo que aquí nos proponemos dar respuesta es si realmente la monarquía en sí misma -como sostiene la citada moción del Parlament- puede ser considerada una "institución caduca y antidemocrática" que haya por tanto de ser abolida.
Por descontado, las vetustas legitimaciones de carácter tradicionalista o divino no sirven ya a nuestro propósito. Ninguna atribución de autoridad que no emane de la legitimidad explícita otorgada por la suprema voluntad soberana de la Nación en su conjunto puede sostenerse a día de hoy. Así, la continuidad en nuestro tiempo de la Corona podrá justificarse solo sobre su funcionamiento institucional y social práctico, autorizada por la Constitución. Preguntémonos pues, ¿presta la monarquía parlamentaria un servicio de envergadura a nuestro sistema democrático? Y de ser así, ¿cuál es esta función?
En una argumentación no exenta de ciertas reservas, matices y elementos revisables -que, debido a la limitada extensión con la que contamos para desplegar nuestras tesis no podremos tratar con la justicia que merecen- sostendremos que la función esencial que desempeña la monarquía parlamentaria, y por tanto la principal atribución que podremos aducir en su defensa, es la encarnación de una dimensión simbólica. Así lo reconoce el Artículo 56 de la Constitución Española: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia”. La razón de ser de la monarquía es su función de símbolo, y es precisamente esa función, como nos recuerda Javier Gomá, la que justifica la pervivencia excepcional de un nombre propio en el entramado institucional del Estado de Derecho contemporáneo, que impuso una despersonalización del poder y una abstracción de la norma. «Las personas concretas son capaces de suscitar un sentimiento que no producen un símbolo abstracto o una idea general […] El respeto o incluso el entusiasmo hacia el orden constitucional, cuando se dirige a una persona, se ensancha en un rico surtido sentimental […]».
Si bien la indisolubilidad del vínculo entre la persona del Rey y la institución que encarna puede jugar en contra de la Corona (la imposibilidad de aislar lo institucional de lo privado puede llevar a que la dimensión personal actúe en perjuicio de la institución: baste recordar aquí los escándalos varios que asolaron al rey Juan Carlos), esta “simbolización encarnada” resulta efectiva a la hora de ejercer una función unificadora y de influencia pública, mediante la cual, como explica Eloy García, el rey se encarga de promover «todos aquellos actos, comportamientos o intervenciones que contribuyan a reafirmar la Constitución y su espíritu». El monarca simboliza la adscripción escrupulosa y la lealtad sin fisuras a las normas constitucionales, así como el ejercicio de una ejemplaridad que tiene por objeto fomentar la adhesión a los valores constitucionales. En definitiva, un poder dedicado y obligado a cumplir y a hacer cumplir la Constitución.
De aquí se sigue que no puede acusarse al monarca de partidismos o de haber decidido «hacer política» durante la crisis catalana, como sostenía Puigdemont en una reciente entrevista. El margen de acción del monarca se agota en la «política constitucional», y el actual inquilino de la Zarzuela ha dado sobrada muestra de una escrupulosa conformidad a las atribuciones que le prescribe el Texto de 1978. Una de estas funciones constitucionales es la de custodiar la unidad de la nación y su continuidad a lo largo de la historia (Herrero miñón). Por tanto, ¿qué nos cabe esperar de un discurso a raíz de una violación flagrante de la Constitución por parte de un gobierno regional pronunciado por una personalidad encargada de custodiar celosamente la unidad del Estado y de garantizar el cumplimiento de la Constitución? En definitiva, el rey se ciñó estrictamente a su papel, y no solo no podía haber hecho algo distinto, sino que hizo lo que debía. Además, si nos atenemos al discurso en sí, Felipe VI empleó en siete ocasiones fórmulas de apelación a todos los españoles, y al referirse a los catalanes, explícitamente remarcó que hablaba a todos los catalanes, dedicando en particular palabras conciliadoras en las que recordó a los transgresores de la ley que el Estado cuenta con los canales constitucionales suficientes para traducir las demandas del autogobierno; y a los no independentistas que hubieran podido sentirse violentados por el proceso secesionista, un mensaje de apoyo. Tal vez fuera esto último, con la subsiguiente reacción ciudadana que generó, lo que irritó al fugado expresident y lo que le llevó a acusar al monarca de «liderar la campaña del “a por ellos”».
Así pues, al representar el rey constitucional la reivindicación permanente del legado de los 40 años de la España democrática, así como el de la inextinguida pervivencia de los elementos distintivos de los pueblos históricos que componen la indisoluble unidad nacional, es comprensible y legítimo que aquellos que piden abrir un nuevo proceso constituyente entonen una enmienda a la totalidad a la monarquía, pero no podemos dar por bueno el argumento según el cual la Corona toma partido por ninguna de las facciones en pugna. Más bien al contrario, la lógica monárquica en su conjunto se sustenta precisamente sobre la idea de la neutralidad.
La posibilidad de ejercer como facilitador del cambio político y como representación de la nación española en su conjunto no puede ser sino la credibilidad indiscutible que le confiere su independencia absoluta de cualquiera de las facciones políticas. ¿Y cómo garantizar tal independencia, tal “prestigio a priori”, sino a través de la inelegibilidad? ¿Cómo, pues, proyectar socialmente dicha credibilidad, cómo hacer verosímil la imparcialidad de la institución arbitral sino mediante la sustracción de la misma a las contiendas políticas diarias? Sólo una instancia pública sin color político alguno puede desarrollar correctamente la labor ritual de verificación que dota de legitimidad al proceso mismo de sucesión pacífica de los gobiernos. Resulta plausible que el monarca sea neutral precisamente porque no es elegido; resulta verosímil la idea de la permanencia de un elemento de continuidad en los cambios gracias a la supervivencia histórica de una institución que ha estado operando de forma casi ininterrumpida desde los inicios de la Nación española, y que ofrece, mediante la garantía que otorga la heredabilidad, la seguridad de su continuación en el futuro.
Recapitulando, hemos sostenido que lo que justifica la permanencia de una institución hereditaria como la monarquía en un sistema democrático como el nuestro no es sino la función simbólica que aquella presta (especialmente relevante para garantizar el relevo ordenado de los gobiernos y para generar filiaciones a los valores constitucionales que permitan perpetuar la cohesión de la comunidad política), y dicha función simbólica, para apelar verdaderamente a las simpatías de todos los españoles, tiene como condición necesaria la neutralidad en el ejercicio de tales funciones arbitrales. Y, consecuentemente, esta neutralidad sólo puede quedar fuera de toda duda si la personalidad que la encarna no está sujeta a la designación partidista: he aquí la principal razón detrás del carácter hereditario de la institución.
Sirva este artículo como un precario esbozo de algunos de los principios teóricos sobre los cuales puede cimentarse una defensa razonada de la monarquía parlamentaria como forma política del Estado. No puedo en este punto más que, con la modestia que es menester en estas digresiones, comprometerme a un abordaje ulterior de cuestiones de corte más empírico, indagando en el desempeño práctico de la figura del Rey en situaciones como la de la dificultad de formación de gobierno en Bélgica o la excepcionalidad del proceso de Transición en España y el papel que en ella jugó el Rey.
