Con fecha de caducidad

Diversas movilizaciones muestran estos días un amplio rechazo social a la Ley Celaá, tras su aprobación por parte de un Congreso de los Diputados literalmente dividido en dos mitades. La futura ley, la octava de la democracia, nacerá con fecha de caducidad y se enfrentará a una seria oposición en muchas aulas y gobiernos autonómicos que, en la práctica, convertirán partes de su articulado en papel mojado.

Todo lo contrario de lo que debería ser una ley de enseñanza en una democracia seria, al faltar los imprescindibles consensos políticos y sociales. Llama la atención la complacencia del gobierno con los nacionalismos, en contraste con la hostilidad que destila la ley hacia la escuela concertada.