Las hipotecas de la educación en España

El gobierno catalán acaba de aprobar el anteproyecto de su nueva ley de educación, con la oposición de algunos partidos y sindicatos, la patronal, y buena parte del profesorado. Y dudo que cambie mucho durante el trámite parlamentario. Nacerá pues hipotecada en su aplicación y condenada a ser cambiada en cuanto sean otros los que manden. Lo mismo ha pasado con la estatal LOE.

El problema de nuestras leyes educativas, es que no pueden ser aprobadas por consenso, porque en las mismas se anteponen los condicionantes ideológicos a los que favorecen el esfuerzo y la calidad pedagógica; y también priman más en ellas la intención de imponer un sistema único de tipo estatalista, que el respetar la autonomía de los centro y la libertad de elección de los padres.

Para tener leyes duraderas, estas deben establecer unos contenidos mínimos y unas normas que aseguren su calidad pedagógica, pero luego ser muy flexibles en su aplicación, respetando la autonomía de los centros para fijar su proyecto educativo y la libertad de las familias para escoger el centro y el tipo de educación que prefieran.

Lo que propugno no es algo ilusorio; ya funciona así en Suecia.