La hora de las Instituciones (I)

Según la Real Academia de la lengua, alarma  significa “inquietud, susto o sobresalto causado por algún riesgo o mal que repentinamente amenace”. La acepción político-jurídica está recogida en nuestra Constitución y la Ley Orgánica 4/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio.

Agotados casi todos los argumentos políticos, que no judiciales, que se han aducido a favor y en contra de la prolongada aplicación del Estado de alarma previsto en nuestra Carta Magna durante casi cien días con motivo de la crisis sanitaria, creo que nuestra preocupación ahora debe centrarse en la literalidad del concepto de alarma que, como muy bien define la RAE, responde a la inquietud y el miedo o susto que buena parte de la sociedad española padece ante el riesgo o mal que se avecina con este gobierno de fuerte ideología y componente comunista.

Es muy difícil  comprender el profundo desprecio que este gobierno siente y manifiesta hacia una gran parte de la sociedad española que democrática y constitucionalmente dio su voto y confianza a partidos que representan un modelo de sociedad que se asienta sobre valores tan arraigados en la humanidad como son la familia, la pertenencia a una Nación, un Estado asentado en la división de poderes y en la descentralización autonómica, que garantiza constitucionalmente derechos fundamentales, como son la vida, la integridad física y moral o la libertad ideológica, religiosa o de culto y un sinfín de derechos y libertades que durante más de cincuenta años  han hecho de los españoles un Estado fuerte, respetable y respetado en la comunidad internacional.

Desde la llegada al poder de Rodríguez Zapatero y la de sus herederos Sánchez e Iglesias, se están dinamitando todos y cada uno de los poderes del Estado de una manera falaz, decidida y permanente. La Corona, además de sufrir el ninguneo del presidente Sánchez y  los agravios sin tapujos que le confiere el vicepresidente y los socios mantenedores del gobierno, se ve sometida ahora a un juicio público en la figura del Rey emérito. Con esta acusación la Fiscalía General del gobierno inicia su andadura para que los republicanos festejen su peculiar parusía.

El Congreso de los Diputados ha sido secuestrado por su presidenta y por el propio Gobierno, desde el inicio del estado de alarma Su actividad se  ha reducido a rifirrafes dialécticos entre mascarillas, guantes y palabras de mayor o menor grosor pugilístico con la sola intención de ir respaldando periódicamente la situación excepcional que sufrimos y con el espurio propósito de ocultar a golpe de decretos, los debates de cuestiones que, en una normalidad democrática, no serían hurtados a la soberanía popular, lo que representa un signo claro  de la deriva totalitaria de la nueva “casta” gubernamental.

Por cierto las amenazas del comunista Iglesias en sede parlamentaria a los dos partidos de la oposición mayoritarios Vox y PP con expresiones tales como que “ nuestro pueblo, como en el siglo XX se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan” o “usted Sr. Casado nunca llegará a ser presidente del gobierno” , nos ha helado el corazón a millones de españoles que inevitablemente nos hizo recordar uno de los episodios más trágicos y criminales de nuestra ya larga historia parlamentaria. El Vicepresidente segundo del Gobierno de España está obligado por la alta representación que ostenta a reconducir el clima de crispación y miedo que originan sus constantes amenazas y agresiones verbales a la oposición y a otras instituciones, cuanto antes lo haga mejor.

Leopoldo Calvo Sotelo le dijo al entonces presidente Rodríguez Zapatero en noviembre del 2006  que “ es preocupante que este Gobierno diga que la Transición no vale y que hay que hacer otra. Es un error de gente joven imprudente e ignorante creer que cada veinte años se puede andar rehaciendo las estructuras de España”, Desgraciadamente esa preocupación hoy se ha convertido en una alarma real. ( Continuará)