Información privilegiada, especulación y privilegios en tiempos de coronavirus
Se acerca el día de la rendición de cuentas de toda la clase dirigente española ante los miles de muertos causados por su inoperancia e ineptitud, y mientras tanto se irá incrementado el escrito de acusación del que sin duda responderán.
Y dentro de esa carta de acusación habrá también un cargo relativo a la información privilegiada de aquellos que desde sus puestos de responsabilidad, ejecutiva, legislativa o judicial han sido capaces de beneficiarse de ella para vender sus acciones en los mercados secundarios en tiempos de pandemia y contribuir así al desplome de las bolsas españolas.
En Estados Unidos ya ha saltado el escándalo de la mano de varios senadores republicanos (Richard Burr y Kelly Loeffer) que van a ser acusados en su país y que sufrirán procedimientos ante el organismo supervisor de allí, la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos), por su venta masiva de valores cotizados justo antes del hundimiento generalizado, valiéndose para ello de la información de la que disponían en el ejercicio de su cargo, y muy probablemente acabarán en la cárcel.
Sin embargo, aquí en España, será muy difícil que la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), sometida a un control férreo de los políticos, que son los que nombran a sus dirigentes, lleve a cabo una investigación seria y concienzuda de comportamientos similares por parte de nuestros responsables políticos, que sin duda los hay y más acentuados que en Estados Unidos, pues aquí no hay control, pero habrá que hacerlo.
Hay que rastrear todas y cada una de las operaciones de venta en bolsa realizadas por nuestros políticos y altos funcionarios, de todos los poderes del Estado, por supuesto, incluidas Comunidades Autónomas y Municipios, para identificarlas y hacerlas pública, pues son precisamente ese tipo de ventas las que provocan una cascada posterior de operaciones análogas que actúan por simple imitación y que acaban causando un gravísimo perjuicio a la economía española.
Sabemos que nuestros responsables políticos han disfrutado del privilegio de poder hacerse reiterados “tests” mientras que para el resto de la población no había, sabemos que nuestros dirigentes se han saltado las cuarentenas y confinamientos, conocemos que nuestro Gobierno ha ocultado información sobre los contagios de sus familiares y que además, conocida con la debida antelación lo que se nos venía encima, lo ocultaron, para así anteponer su sectarismo ideológico a la salud pública del conjunto de los ciudadanos, y por ello serán juzgados y condenados cuando todo esto pase, no les quepa duda.
Pero no sólo desde ese prisma debe analizarse su responsabilidad; también desde la falta de solidaridad y egoísmo económico que supone el haber hecho uso de información privilegiada sobre las nefastas consecuencias financieras de la pandemia para evitarlas en su patrimonio personal o familiar.
Y no podrán esconderse, como suele ser habitual, pues gracias a la Ley de Transparencia quedarán obligados a retratarse. Aún estoy esperando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al recurso interpuesto en su momento y que ha mantenido el actual Alcalde Martínez Almeida (otro ejemplo más de cómo se tapan entre los políticos, de un signo y otro) contra la sentencia en primera instancia que gané frente al Ayuntamiento de Madrid y que obligaba a la ex Alcaldesa Manuela Carmena a explicar el origen y naturaleza de su ingente patrimonio financiero (probablemente obtenido de forma indebida), y otro tanto haré llegado el caso para saber si la anterior regidora de la capital ha especulado o no en épocas de Coronavirus.
Pero no sólo hay que centrarse en este máximo exponente de la extrema izquierda del caviar; hay que hacer rastro a todos los dirigentes políticos, los de PP, VOX, Ciudadanos, PSOE, extrema izquierda, independentistas y hasta a los de Bildu, para que se retraten en el uso indebido que han hecho de su información privilegiada en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, pues llegado el caso, lo mínimo que se le puede pedir a un gestor público español, es que si las Bolsas se hunden, que ellos también se hundan, porque así lo exige el principio de la solidaridad y la responsabilidad con la Nación y con los españoles.
Mucho me temo que la CNMV no hará nada, hasta que sean cesados sus responsables políticos y reformado su funcionamiento para ser lo que es en Estados Unidos de América, una Agencia estatal independiente sin interferencias políticas, pero si de verdad queremos volver a levantar a nuestra Nación, será preciso exigir que cesen los privilegios de todo tipo, como los descritos, así como que vuelva ese estilo de gobernante español que se distinguía del resto del Mundo, en que la función pública le costaba dinero propio pues no cobraban del Erario Público, en que eran los mejores entre los mejores, reflejo de la meritocracia hispánica, y en que tenían un sentido del patriotismo real, sanitario y financiero del que carecen completamente los actuales.
Guillermo Rocafort
Doctor en Economía. Profesor Universitario
