Del juez íntimo al notario policía

La lectura interpretativa del Estatuto catalán hace de esta región un asfixiante intervencionismo de la administración sobre la sociedad catalana. Modelo que converge en la política gubernamental para el resto de España, de la que la reforma judicial es un apéndice. La justicia autonómica y los jueces de proximidad son ejemplo, que cuenta con la firme oposición del CGPJ, asociaciones de jueces y fiscales entre otros. Juez de extracción por simple titulación en derecho, tan cercano al ciudadano que bien podría ser el juez íntimo que todos necesitamos. Sobre todo si es de la cuerda política de quién lo elija, cercano para más innri, y hasta paisano. Justiciables más localizados que con el GPS. Continuando el control, el ministro López Aguilar presenta el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OPC), desarrollado por el Consejo General del Notariado, que "ayudará" a éstos a luchar contra el blanqueo de capitales, que puede mover el 5% del PIB nacional. El notario deberá informar al OPC de aquellas transacciones sospechosas en las que haya "indicios de actividades delictivas", pudiendo ser objeto de sanciones administrativas o penales. Policía o detective, que es lo mismo, el reglamentista legislador traslada al notario la imposición delatora al ciudadano bajo sospecha. La sociedad amenazada bajo la imposición de astronómicas multas hasta por fumar, pasará del juez íntimo al notario policía. Líbrese de pasar a cambiar la hipoteca del piso, ahora que empiezan a subir los intereses. Bien puede salir esposado de la notaría.