La voz del lector

A la ministra, señora Celaá

Isabel Celaá, en rueda de prensa.
photo_cameraIsabel Celaá, en rueda de prensa.

Los padres, primeros educadores

Desde hace años se ha ido produciendo un intervencionismo creciente por parte del Estado en las tareas educativas. En ocasiones, con excusas de «perseguir el bien común o la democratización de la enseñanza», una minoría ha terminado por imponer una política de parte en contra de los derechos y de la voluntad de la mayoría.

El camino que ha conducido a este resultado —cuya expresión más desafortunada es la concepción marxista— ha sido paralelo al recorrido por parte de la llamada filosofía moderna. Es lógico que sea así, porque la concepción del Estado depende de la que se tenga sobre la persona humana. Estas teorías han conseguido, con frecuencia, que principios tan elementales como es el derecho de los padres a la educación de los hijos, hayan sido olvidados por muchos ciudadanos, que, frente al poder del Estado, acaban por acostumbrarse a su intervencionismo, renunciando al deber de ejercer efectivamente este derecho.

Sin embargo, es evidente que los padres, por haber dado vida a sus hijos, tienen la grave obligación de educarlos, y, por tanto, ellos han de ser reconocidos como sus primeros y principales educadores.

La educación de los hijos, derecho de los padres

Hay unos principios evidentes entre los que se encuentra el derecho —y el deber— de educar a los hijos. La familia tiene el derecho de educar a los hijos, derecho inalienable por estar inseparablemente unido con la estricta obligación a ello, derecho anterior a cualquier derecho de la sociedad civil y del Estado, y por lo mismo inviolable por parte de la autoridad política.

Nuestra Constitución, en el Art. 27, 3, establece que: «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Este derecho se ve conculcado, en los principios, en aquellos sistemas socialistas que atribuyen una prioridad del Estado sobre la familia, invirtiendo el principio de subsidiariedad. Conviene recordar que este principio está recogido en multitud de Tratados. Señalo, por ejemplo, el Art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre cuando señala que «los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos».

Principio de libertad de enseñanza

Podemos decir que el Estado es el medio del cual la sociedad se vale para alcanzar su fin. Y la sociedad es el medio para alcanzar el fin de las personas individuales y de la familia. En consecuencia, el Estado no puede imponer leyes que contraríen la naturaleza individual.

Está claro que, en todos los modos de fomentar la educación y la instrucción pública y privada, el Estado debe respetar los derechos originarios de la familia a la educación, además de observar la justicia distributiva. Por tanto, todo monopolio educativo o escolar que fuerce física o moralmente a las familias para acudir a las escuelas del Estado contra los deberes de la conciencia, o aun contra sus legítimas preferencias, es injusto e ilícito. En consecuencia, el Estado debe proteger, en materia educativa, los derechos de la familia anteriores al suyo.

El monopolio educativo va en contra de una sociedad libre y democrática, y da al poder político la tentación de un totalitarismo ideológico. El Estado debe respetar la libertad de las conciencias, reconociendo al individuo el acceso a una cultura conforme a sus convicciones, y en consecuencia facilitar los recursos económicos para que este hecho sea factible.

Los regímenes totalitarios pretenden el control de la enseñanza; los democráticos y libres se refuerzan por la libertad de enseñanza. Por eso, la libertad de enseñanza es la piedra de toque de la verdadera democracia.

El liberalismo que dio paso a la posibilidad de la libertad de empresa (y, por tanto, a la educativa) fue seguido en Estados Unidos, pero, paradójicamente, no lo fue en Europa. Y ello se debió a posturas agnósticas y anticristianas que intentaban evitar el influjo de la Iglesia en la sociedad. Para evitar el totalitarismo estatal (comunista, fascista y nazi) se redactaron varios tratados destacando el Art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando dice que «Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

El monopolio educativo constituye, en definitiva, un ataque frontal a la libertad, en cuanto que la libertad de enseñanza no es sino un aspecto de la libertad en general. No obstante, se tendría una visión parcial si se redujese el problema a una oposición laicismo-confesionalismo. La libertad de enseñanza es un principio tanto para la confesionalidad como para instituciones no confesionales. Por lo tanto, no es un problema religioso sino civil. Pero eso no lo entienden los que mantienen una mentalidad socialista.

Rechazo a la «escuela neutra»

Se ha sostenido, sobre todo en países de régimen socialista, que, como los niños son miembros de la sociedad, le deben ser confiados al Estado para que los eduque, llegando incluso a quitar a los padres la tutela de sus hijos. Para justificar esta error parten del presupuesto de que la sociedad ha estado viciada desde siglos —idea que Lutero aplicó a la Iglesia y que después ha sido aplicada a la sociedad por todos los «reformadores», desde Rousseau a Marx— y una de sus causas sería el modelo familiar propio de la burguesía.

Los que defienden estas teorías no reconocen que los hombres son miembros de la sociedad precisamente a través de la familia, ya que para ser ciudadanos deben primero existir. La familia es la célula de la sociedad, su fundamento, y es anterior al Estado e independiente de él. Dé ahí la importancia que tiene conservar, potenciar y fortalecer la vida familiar como medio para conservar y mejorar la sociedad. No es extraño, por tanto, que los socialismos pretendan minar la familia y arrebatarle sus derechos educativos, como un medio necesario para el establecimiento de la nueva sociedad atea.

Aparte de que es imposible que una educación sea neutra, porque toda educación se ve mediada por la concepción del hombre y del mundo que tenga el educador, de hecho, estas teorías no son más que una excusa para introducir un sistema educativo anticristiano. De ahí se sigue que las escuelas que llaman neutras o laicas, socavan y trastornan todo fundamento de educación cristiana, como quiera que en ellas se excluye de todo punto la religión; escuelas, por lo demás, que sólo en apariencia son neutras, pues de hecho o son o se convierten en enemigas declaradas de la religión. Por otra parte, en los países en que está permitida la enseñanza de iniciativa social, se suele entender este derecho como una concesión del Estado, que permite la existencia de estos centros educativos casi como un mal menor, ante la imposibilidad práctica de abarcar todas las necesidades por medio de organismos oficiales. Es, en definitiva, el polo opuesto al papel de subsidiaridad que en realidad corresponde al Estado.

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