Montesquieu nunca debió existir para nuestros políticos

Charles-Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu (1689-1755), fue filósofo, juez, ensayista ilustrado y precursor de la teoría de la separación de poderes que influyó poderosamente en los estados democráticos avanzados, especialmente en la Constitución de los EE. UU. Se basa en una estructura de tres poderes independientes: el poder legislativo (Parlamento representativo que discute y aprueba leyes); el poder ejecutivo emanado de las urnas (Gobierno); y el poder judicial (los jueces que aplican la ley). Todos ellos independientes que asumen su función con tal, incluidos en nuestra Constitución. Pero los políticos golpistas catalanes, no lo entienden así, creen que ellos están por encima de la ley y los jueces deben estar al servicio del político de turno. Tras ser condenados por sedición y mucho antes cuando todas sus iniciativas ilegales eran tumbadas por la justicia, ellos siempre las rechazaban por considerar que los tribunales estaban politizados, claro que si alguna vez les daba la razón, entonces eran justos y ecuánimes.

Al tener el control de las instituciones penitenciarias, los políticos independentistas intentan ahora sacar a la calle cuanto antes a sus amigos golpistas (los cuales se jactan de que lo volverán a hacer… el golpe de estado), pervirtiendo las normas establecidas de beneficios penitenciarios como muy bien se lo ha recordado el Tribunal Supremo, constantemente desprestigiado por los independentistas que sueñan con una “republiqueta” en la que ellos coloquen a los jueces afines a sus intereses. Esos que tergiversan la historia de España, esos que adoctrinan en las aulas a los niños, esos que arrinconan la lengua de Cervantes, derrochan el dinero de todos en estructuras de un estado inexistente, esos que mienten con el “España nos roba”, son los que se lamentan de ser perseguidos porque se creen de una casta o raza superior que no se someten a la ley que juraron defender cuando tomaron uso del cargo.

Desgraciadamente, los dos partidos mayoritarios españoles desde el año 1985, han estado colocando con amplio consenso a algunos de los jueces afines en las altas instituciones de la justicia. Y lo han hecho con la peregrina escusa de que la justicia debe ser elegida por los representantes del pueblo, al menos en gran medida, cuando está demostrado que todos estos enjuagues han degradado la institución que debería regirse profesionalmente por sus miembros y su código ético, siendo totalmente independiente del poder político, un poder pernicioso para la imparcialidad y la objetividad a la hora de aplicar la ley. Si esto lo tiene claro un ciudadano común que no ha estudiado derecho, simplemente guiado por la lógica y la razón, por qué no lo asumen nuestros dirigentes políticos… muy sencillo, porque siempre buscan los privilegios de la impunidad para perpetrar sus flagrantes fechorías. Hay que recordar que las leyes son aprobadas para proteger a los débiles de los poderosos, y el verdadero demócrata es el que respeta la ley. La prueba más lamentable es el actual Gobierno sectario que padecemos, empeñado en domesticar la justicia al servicio del totalitarismo más abyecto, infiltrando a sus peones más fieles. Y de esta forma llegamos al verdadero dilema… ¿Quién controla al poder? Esa es la incógnita de mi reflexión.

Antonio Morales Sánchez 

 

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