Los números no avalan la reforma local promovida por el Gobierno

Ya es inminente la aprobación de la reforma de la Administración Local promovida por el Gobierno bajo el nombre de Racionalización y Sostenibilidad y que gira en torno al traspaso de competencias desde los Ayuntamientos a las Comunidades Autónomas y a las Diputaciones Provinciales. Pero también se acaban de conocer ciertos datos que parecen contradecirle en ambos adjetivos. Así, no parece muy racional que se traspasen servicios, algunos tan sensibles como los servicios sociales, a unas Comunidades Autónomas que quintuplican la deuda de los Ayuntamientos según acaba de hacer público el Banco de España. Pero es que tampoco lo parece el traspaso a unas Diputaciones que según el reciente informe del Tribunal de Cuentas soportan una deuda de 20 puntos por encima de los Ayuntamientos. En cuanto a la sostenibilidad parece evidente que los números avalan la situación actual de los municipios, con una deuda del 4,1% del PIB, que sería en torno al 3,5 sin contar a las Diputaciones, frente al 73,9 del Estado o el 19,3 de las Comunidades Autónomas, por lo que está claro que no es esta la Ley que necesitaba nuestra Administración Local, por más que se intenten poner como ejemplos algunos desvíos o despilfarros de ciertos Ayuntamientos, que son una auténtica minoría por mucho que llamen la atención, frente a la generalidad de municipios españoles.

El Gobierno, en su argumentario durante la presentación de la reforma, dio unos datos sobre los costes de prestación de servicios realizados por el Instituto de Estudios Financieros, según los cuales prestar el mismo servicio en un Ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes costaba casi 3 veces más que en uno de 100.000. Pues bien, el Tribunal de Cuentas acaba de hacer público unos datos que los contradicen totalmente, indicando que los municipios donde resultan más caros los servicios por habitante son Madrid y Barcelona, y al margen de estos, los de menos de 1.000 habitantes y los de más de 50.000, resultando los más baratos los que están en la horquilla de 5.000 a 20.000 habitantes, seguidos de los de 20.000 a 50.000 habitantes. Y todo ello no con estudios estimativos sino con las liquidaciones reales presentadas por los Ayuntamientos referidas al ejercicio de 2011.

Parece evidente, pues, que lo que realmente necesitan los municipios españoles es una ley de planta, que haga que contemos con Ayuntamientos más grandes, así como una Ley de financiación, por la que llevan esperando 35 años, que les reconozca verdaderamente la financiación de los servicios que prestan, desvinculándolos de los vaivenes de las Comunidades Autónomas y del Estado en cuanto a sus participaciones, así como dejen de depender del actual sistema de subvenciones, que lo único que consigue es cubrir las necesidades u objetivos de la Administración que subvenciona pero no las de los Ayuntamientos subvencionados.

Con esas dos leyes sí que estaríamos verdaderamente ante una Racionalización y una Sostenibilidad de la Administración Local.

 

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